A un año de la detención de trabajadores, ATE exige cerrar la causa y que se acabe la criminalización de la protesta
El 16 de octubre del 2024, la policía provincial allanó de manera violenta domicilios y detuvo y mantuvo incomunicados a cinco trabajadores. Fueron tratados como “presos de alta peligrosidad” y llevamos al penal de Las Flores.
A un año de la detención de cinco compañeros que había participado de una protesta contra la reforma previsional impulsada por el Gobernador Maximiliano Pullaro, la Seccional Rosario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió el cierre de la causa y que termine la criminalización de la protesta en Santa Fe.
El 16 de octubre del 2024, se dio uno de los momentos más oscuros para democracia santafesina. La policía allanó de manera violenta y detuvo como si fueran narcotraficantes a cinco trabajadores. Con una violencia inusitada tropas policiales entraron en los domicilios y detuvieron e incomunicaron a Román González, Franco Casasola, Diego del Castillo, Maximiliano Molina y Daniel Vázquez.
El 12 de septiembre en Santa Fe frente a la Legislatura se había realizado una importante movilización gremial que terminó en represión. Ese día las y los diputados sesionaron a los apuros y votaron una reforma previsional que recortó de un plumazo derechos conquistados en años de lucha.
Durante los allanamientos, además de romper puertas, la policía secuestró volantes con la inscripción «son 30.000», fichas de afiliación a AMSAFE Rosario, pecheras y demás “pruebas contundentes”. La persecución gremial fue manifiesta.
Los compañeros en todo momento fueron tratados como “presos de alta peligrosidad” y llevamos al penal de Las Flores en la ciudad de Santa Fe.
Una masiva movilización unitaria a Plaza San Martín el mismo día de la detención y el paro dispuesto para el día siguiente por AMSAFE Rosario, ATE Rosario y Aceiteros logró la libertad de los compañeros en horas del mediodía del 17 de octubre.
Vale también destacar el invalorable apoyo de Norma Ríos como Presidenta Honoraria de APDH y el trabajo de las abogadas Gabriela Durruty y Julia Giordano y Celina Tidono – miembro del Ceprodh.
A pesar de las fuertes presiones políticas -la denuncia fue presentada por Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados y avalada por el poder político provincial- la causa en nada ha avanzada en este año.
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