22.05.2025

ATE repudió la persecución política y sindical a través de la Justicia

Se llevó adelante la audiencia de elevación a Juicio donde se acusa al Secretario General de ATE San Luis, Fernando Gatica, y otros por la supuesta rotura de una bisagra del edificio municipal de la capital en el marco de una protesta pacífica que se realizó en enero de 2024.

Este miércoles ATE San Luis expresó su repudio a la actitud del Fiscal Assat Ali, quien ha solicitado la elevación de una causa penal a juicio oral en la que se encuentran imputados los dirigentes sindicales Fernando Gatica, Florencia Mendoza y Walter Barroso. Esta acción no solo representa un uso indebido de los recursos del Estado, sino que también evidencia un intento de cumplir con mandatos políticos para amedrentar a quienes quieren ejercer su derecho a la protesta. Además, esto va en detrimento del real valor que tiene la Justicia para la resolución de causas urgentes y prioritarias que demanda la sociedad.

“La prueba que presentó la fiscalía es un video viral que carece de seriedad. Están perdiendo el tiempo, creo que un fiscal tiene causas mucho más importantes para resolver que esto. Para nosotros es una obligación defender la causa de nuestros compañeros y compañeras y expresarlo, ante la negativa del Gobierno de recibirnos para discutir salarios y condiciones laborales en cada sector”, expresó Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis.

En el marco de la criminalización de la protesta que está llevando adelante el Gobierno nacional, el Sindicato rechazó y denunció el armado de una causa judicial para estigmatizar a las y los dirigentes de ATE San Luis y considerarlos penalmente responsables de la supuesta rotura de la bisagra de una de las puertas de acceso al edificio del Municipio durante la protesta pacífica realizada en enero de 2024. En ese momento, ATE expresó no haberla dañado y no existe ninguna prueba veraz que indique lo contrario. Sin embargo, de avanzar el proceso la condena sería de dos años de prisión.

El Sindicato subrayó que la causa penal carece de elementos de prueba suficientes y relevantes, lo que pone de manifiesto que se trata de una acción disciplinaria para desalentar las movilizaciones y protestas sociales contra el Gobierno de turno. Consiste en una persecución política que busca deslegitimar la labor de quienes defienden los derechos de las y los trabajadores, en este caso, a través de la Justicia a partir de presiones que ejerce el poder político. 

Desde ATE se seguirá defendiendo los derechos laborales de la clase trabajadora que tanto costó conquistar.

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