Persecución judicial en Córdoba: radio abierta en Tribunales por juicio contra Federico Giuliani y otros dirigentes sociales
El fiscal Ernesto De Aragón construyó una causa sin fundamento jurídico y con el solo fin de amedrentar a dirigentes que ejercieron su derecho legítimo a realizar una protesta pública, en marco de las garantías constitucionales que otorga el cuerpo legal argentino y los tratados internacionales, que está siendo criminalizada por el Gobierno de Córdoba.
La ATE Córdoba convocó este martes a participar de la Radio Abierta que se llevará a cabo frente a Tribunales II para repudiar la elevación a juicio de la causa armada por la Justicia provincial contra el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y demás dirigentes sociales, que realizaron una protesta contra el hambre en Argentina.
El fiscal Ernesto De Aragón construyó una causa sin fundamento jurídico y con el solo fin de amedrentar a dirigentes que ejercieron su derecho legítimo a realizar una protesta pública, en marco de las garantías constitucionales que otorga el cuerpo legal argentino y los tratados internacionales, que está siendo criminalizada por el Gobierno de Córdoba.
La causa le imputa a Giuliani desacato a la autoridad y obstaculización del transporte público, fundamentado en una resolución ilegal del juez de Control N° 10, Juan Fernández López, a instancias de integrantes del la Cámara de Comercio de la Ciudad de Córdoba, más preocupada por reprimir la protesta que por defender a la actividad comercial en la ciudad, crudamente atacada por la política de represión del consumo interno en nuestro país que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, en plena sintonía con el Gobierno de Córdoba.
En tal sentido, Giuliani dijo que el juicio “es una maniobra para disciplinar a los dirigentes luchadores”. “A 40 años de recuperada la democracia no podemos dejar que el Poder Judicial no garantice el derecho a huelga y el derecho a la protesta, en un contexto de neofascismo y ajuste brutal sobre el pueblo trabajador que está aplicando el Gobierno Nacional, los gobernadores e intendentes”.
Y finalizó invitando a participar de “esta lucha para que no criminalicen la protesta social. Vamos a pedir que se anule el juicio”, y anunció la denuncia sobre el fiscal De Aragón y el juez Fernández López por incumplir la legislación y la jurisprudencia vigente y lo resuelto por la Corte Interamericana de DDHH.
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