ATE conmemora la anulación de las Leyes de Impunidad y exige Memoria Verdad y Justicia
Luego de más de dos décadas de la revocación de las leyes que favorecieron a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, ATE demanda la vigencia de esta fecha como un acto de justicia ante la impunidad del poder político.
Esta semana se cumplieron 21 años desde que el Congreso Nacional anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Normas que garantizaban la impunidad de quienes perpetraron delitos de lesa humanidad. Desde el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, se reivindicó esta fecha como un símbolo de Justicia contra la impunidad.
“Hoy Argentina está ante un nuevo intento de garantizar impunidad, pisotear la memoria y reivindicar el terrorismo de Estado por parte del actual Gobierno Nacional”, señaló al respecto la Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, Valeria Taramasco.
ATE denuncia la política reivindicativa del Gobierno Nacional que se traduce en acciones concretas, por ejemplo, el desguace de las políticas por la Memoria, Verdad y Justicia, el despido de las y los trabajadores de los Sitios de Memoria – lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención vinculados al accionar del terrorismo de Estado – , el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas (que aportaban pruebas en los juicios de lesa humanidad) y de la Unidad Especial de Investigación de Desaparición de Niños durante la última dictadura militar que asistía a los requerimientos de la CONADI. Al mismo tiempo, un grupo de diputados del oficialismo visita a ex militares represores, condenados por tortura, asesinato y robo de bebés, alegando razones humanitarias.
En este marco, el Sindicato de las y los trabajadores estatales reclama por la aparición de los 300 bebés nacidos en cautiverio y la restitución de su verdadera identidad. Además, exige información sobre el destino y paradero de las y los detenidos desaparecidos, a quienes les negaron condiciones humanitarias de detención y garantías procesales que dieran cuenta de un juicio justo.
Los delitos que cometieron los genocidas siguen perpetrándose, mientras no existan respuestas a estas demandas. El pacto de silencio sigue intacto.
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