ATE apoya la lucha por la preservación de los recursos naturales
En el marco de la Asamblea Popular contra del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, de la cual participan más de cincuenta instituciones de la provincia de San Luis, ATE exige a senadores que no consienta el proyecto.
Este jueves, integrantes del Consejo Directivo Provincial estuvieron presentes en la Asamblea Popular en contra del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de la cual participan más de cincuenta instituciones y organizaciones de la provincia de San Luis.
Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis, expresó “Este régimen promueve que multinacionales saqueen nuestro país y dejen a su paso enfermedades y la destrucción de nuestros recursos naturales, no lo queremos en nuestra provincia”.

La semana pasada la provincia puntana dio adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con la media sanción aprobada en la cámara de Diputados de San Luis. De esta forma, si la cámara de senadores llegase a consentir el proyecto de ley las sierras, ríos, flora y fauna entrarán en un gran peligro. Este régimen no es la solución a la desocupación ni al desarrollo productivo de los pueblos, sino que habilita a una práctica extractivista salvaje, que sólo traerá beneficios económicos para grandes multinacionales a costa de la devastación de los recursos naturales y el empobrecimiento de las comunidades.
El RIGI fue parte del paquete de reformas legislativas que llevó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional enmarcado en la Ley de Bases. El proceso tuvo un recorrido de seis meses y un fuerte rechazo popular que incluyó represiones y detenciones a la ciudadanía que se manifestó en contra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ley de Bases fue aprobada el 28 de junio de este año, mediante la Ley Nº27.742 por el Congreso de la Nación.
El incentivo a las grandes inversiones busca estimular la actividad productiva por un período de 30 años, mediante políticas fiscales y aduaneras, de empresas mineras, petroleras, agropecuarias, entre otras. Para ello, el Estado argentino cede la soberanía sobre los activos naturales sin controles del impacto ambiental. Así, la ley busca generar privilegios para los grandes capitales en detrimento del buen vivir de las comunidades.
