ATE se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos
Ante el preocupante desmantelamiento de los organismos que promueven Memoria, Verdad y Justicia a nivel nacional, el Sindicato mantuvo un encuentro con el Gobierno provincial y ratificó la continuidad de una agenda de trabajo común.
ATE Buenos Aires, a través del Consejo Directivo Provincial, mantuvo un encuentro con las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para manifestar su preocupación ante el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de Derechos Humanos a nivel nacional. Durante la reunión se ratificó la continuidad del compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia y se planificó una agenda de trabajo común para el 2025.
“Ante los despidos que hizo el Gobierno nacional tanto en el sitio de la memoria del Faro de Punta Mogotes en Mar de Plata, como en Las Flores y La Plata, entre otros, planteamos articular un reclamo conjunto para impedir el desguace en cada organismo de Derechos Humanos. Estos sitios tienen que seguir siendo guía” expresó Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Buenos Aires.
En representación del Sindicato participaron Claudio Arévalo, Secretario General, Eliana Aguirre, Secretaria Adjunta, Griselda Cavalliere, Secretaria de Derechos Humanos, Oscar Sánchez, Secretario de Formación, y Juan Zangroniz, delegado general de la Junta Interna en el ministerio. Por parte del Gobierno bonaerense estuvieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Manuel Mena, y la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, Maitena Villegas.
El Sindicato expresó su gran preocupación por la crisis en los espacios de memoria y se abordó la grave situación que atraviesan las y los trabajadores del, fruto del desfinanciamiento y los despidos que está llevando adelante el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
En el marco de la jornada hubo avances en relación a la definición de una agenda de trabajo común que busca poner el foco en garantizar los derechos de las y los trabajadores en el ministerio, a partir de la defensa de los puestos de trabajo y la jerarquización profesional y salarial, el sostenimiento de las políticas públicas en Derechos Humanos.
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