ATE Córdoba denunció persecución judicial al Secretario General del Consejo Directivo Provincial

ATE Córdoba denunció que continúa la persecución judicial sobre el Secretario General del Consejo Directivo Provincial, Federico Giuliani, que fue nuevamente imputado por el fiscal Ernesto De Aragón en la causa por la protesta encabezada por el dirigente en 2024. El nuevo atropello se da justo el día del primer aniversario del brutal allanamiento de su domicilio particular. El Sindicato consideró este accionar como una forma de amedrentar la lucha popular.

El inicio de la causa tiene lugar el 25 de mayo de 2024 cuando trabajadoras y trabajadores se manifestaron en repudio de la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba, cuando pretendía que los gobernadores firmen el llamado ‘Pacto de Mayo’, iniciativa frustrada por la movilización popular.

Durante el allanamiento en cuestión la policía retuvo por orden del fiscal los teléfonos celulares de la familia Giuliani, incluso el perteneciente a su hijo de 9 años que nunca fue devuelto. También le impuso una fianza de 10 millones de pesos, cifra por encima de los recursos de un dirigente que vive de su salario como trabajador de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

En esta ocasión, el fiscal De Aragón llamó a Giuliani a declarar como imputado en la causa, el mismo día que el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, saliera a reclamar por los medios de comunicación “una ley anti piquetes” y “seguridad jurídica a la policía” para reprimir la protesta.

Desde el Consejo Directivo Provincial, aseguraron que “se trata de una muestra clara del intento de amedrentamiento a los dirigentes sociales de la provincia que deciden encabezar protestas justas para defender los derechos de las y los trabajadores que se ven violentados por el Gobierno tanto provincial como nacional”.

ATE denunció que el Ministerio Público Fiscal actúa en sintonía con los deseos del ministro Quinteros que ignora principios básico de la legalidad vigente, como el hecho que la Legislatura no puede legislar en materia penal.