El Consejo Directivo Nacional repudió la nueva persecución judicial contra Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba
A más de un año del primer intento de por silenciar la protesta social en suelo cordobés, el Fiscal De Aragón volvió a llamar a declaratoria a Giuliani, por lo que fueron las protestas callejeras de mayo del 2024.
El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió el nuevo acto de persecución judicial que la Fiscalía de Córdoba, encabezada por Ernesto de Aragón, ejerce sobre el Secretario General de la ATE Córdoba, Federico Giuliani y se solidariza con el dirigente.
A más de un año del primer intento de por silenciar la protesta social en suelo cordobés, el Fiscal De Aragón volvió a llamar a declaratoria a Giuliani, por lo que fueron las protestas callejeras de mayo del 2024.
En aquella oportunidad el fiscal ordenó un allanamiento de su domicilio particular y de la sede de ATE Río Cuarto, donde se procedió a la confiscación de los teléfonos celulares de la familia Giuliani, incluso el perteneciente a su hijo de 9 años que nunca fue devuelto. También aquella vez le impuso una fianza de 10 millones de pesos.
Para este Consejo Directivo Nacional la decisión de la Fiscalía cordobesa forma parte del proceso de persecución que se impone desde el gobierno nacional y baja a las provincias con el sólo objeto de acallar y criminalizar la protesta social, como semanalmente se viene viendo con las marchas de las y los jubilados, todo en un marco de ajuste brutal que se dispuso en el Estado nacional y se repite en los estados provinciales y municipales.
En el caso particular de Giuliani, la propia ATE Córdoba subrayó este miércoles que “no es casual que la medida se tome el mismo día que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, saliera a reclamar por los medios de comunicación una ley antipiquetes a la Legislatura, “a fin de dar seguridad jurídica a la policía para reprimir la protesta”.
Para el Consejo Directivo Nacional “las imputaciones que pesan sobre las y los dirigentes sindicales forman parte de la criminalización de la protesta que los gobiernos imponen como una forma de disciplinamiento contra quienes luchan por la dignidad de las y los trabajadores”.
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