La retirada del Consejo de Derechos Humanos: un retroceso evitable

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo a la determinación política del Gobierno nacional de retirar a la República Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por considerarlo un retroceso en la defensa de los derechos por la Memoria, Verdad y Justicia.

Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, manifestó: “Al renunciar a la candidatura, Argentina deja de ocupar un asiento en el Consejo y con ello pierde la posibilidad de votar, presentar resoluciones y marcar agenda en ese espacio multilateral. No puedo dejar de pensar, además, en la tarea de tantos trabajadores y trabajadoras estatales que durante años sostuvieron, con profesionalismo y compromiso, las políticas de Estado por Memoria, Verdad y Justicia. Hoy les toca ejecutar una decisión que desanda lo recorrido y que contradice el prestigio que ellos mismos ayudaron a construir. Como representante sindical, me solidarizo con esa labor silenciosa y muchas veces poco reconocida, que ahora se ve forzada a justificar lo que, a todas luces, constituye un retroceso. Confío en que, como país, sabremos retomar el camino del compromiso internacional que tantas conquistas nos permitió y que supimos honrar como faro regional en la defensa de los derechos humanos”.

Desde ATE se reafirma el compromiso con la Justicia Social, la democracia y la dignidad del trabajo. Los derechos humanos atraviesan la vida cotidiana de los pueblos, desde la lucha de los trabajadores y trabajadoras por condiciones dignas hasta la defensa de los migrantes y las comunidades más vulnerables. Por eso se acompaña a la sociedad civil y a los organismos de derechos humanos en la defensa de los instrumentos internacionales que garantizan estas conquistas.

Argentina, referencia internacional en Derechos Humanos

Desde el retorno de la democracia en 1983, Argentina sostuvo una política de Estado firme en materia de derechos humanos. Ese compromiso trascendió gobiernos y fue reconocido internacionalmente por su rol constructivo en Naciones Unidas y por su contribución al desarrollo de normas e instituciones de protección de los derechos fundamentales.

Tras el fin de la última dictadura cívico-militar, el país se convirtió en referente global promoviendo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, consolidando derechos civiles y sociales innovadores –como el matrimonio igualitario– y alzando la voz contra las dictaduras allí donde ocurriesen. Gracias a esa coherencia transversal, Argentina alcanzó un prestigio internacional como referente regional en la defensa de los derechos humanos.

En ese marco, Argentina ha sido miembro fundador del actual Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2006, integrándolo en múltiples períodos e incluso ocupando su presidencia en 2022. Durante esas participaciones, el Estado argentino impulsó resoluciones clave que no se limitaron a cuestiones institucionales, sino que tuvieron impacto directo en la vida de los pueblos: desde la promoción del derecho a la verdad y a la memoria histórica –fundamentales para sociedades que atravesaron dictaduras– hasta la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en contextos de crisis global, pasando por la protección de las personas migrantes y refugiadas, muchas veces sometidas a explotación laboral y discriminación.

También se avanzó en iniciativas para garantizar la participación sindical en la construcción de estándares internacionales y en resoluciones sobre la justicia climática entendida como un derecho humano, que hoy resulta inseparable del derecho a la salud, a un ambiente sano y al trabajo digno. Este accionar reflejó la convicción de que los derechos humanos no son una agenda abstracta, sino que se expresan en la defensa concreta de la dignidad de quienes producen, migran, luchan y buscan una vida mejor.

Para ATE, esta trayectoria representa algo más que diplomacia: expresa una visión de país inserto en el mundo desde el multilateralismo, la cooperación y la defensa inquebrantable de la dignidad humana. Romper con esta tradición es considerado un retroceso que debilita la voz de Argentina en los espacios donde se deciden cuestiones vitales para la humanidad.

Ahora bien, esta pérdida de protagonismo diplomático no significa que desaparezcan las obligaciones: Argentina seguirá estando jurídicamente comprometida con los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado y ratificado. Y mucho más importante aún: los derechos conquistados por el pueblo argentino no dependen de las decisiones arbitrarias de un gobierno de turno, sino de una historia de lucha y de consensos democráticos que los trascienden.

Es cierto que se abren dudas sobre las alianzas estratégicas, en la medida en que socios regionales y globales pueden interpretar este retiro como un alejamiento de los consensos multilaterales en los que Argentina históricamente participó. En este punto radica una preocupación adicional: aislarse en el terreno de los derechos humanos puede tener efectos colaterales en otros foros multilaterales, incluso en aquellos vinculados a la cuestión Malvinas y la lucha contra el colonialismo. En definitiva, es un retroceso en la agenda de derechos humanos y un riesgo real de quedar aislada respecto a causas históricas y estratégicas para el país.

Para ATE los derechos humanos son una política de Estado irrenunciable y constituyen un pilar para la paz, la inclusión y el desarrollo de la nación. El sistema internacional de derechos humanos –del cual el Consejo de la ONU es parte esencial– no es un espacio abstracto: es el fruto del esfuerzo colectivo de países, movimientos sociales y víctimas que alzaron la voz para que el Nunca Más no sea una consigna vacía, sino un compromiso real contra la impunidad y el avasallamiento de la dignidad humana.