Tras la sanción de la ley de emergencia en discapacidad ATE brega por su implementación

Ante el resultado de la votación que tuvo lugar la semana pasada en la Cámara de Senadores de la Nación donde se rechazó el veto de Javier Milei contra la ley que declara la emergencia en discapacidad, ATE advierte que será compleja su implementación dado el difícil escenario actual que generó el Gobierno nacional.

Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE Nacional declaró: “Ante la tremenda crisis en que nos sumió Milei, de incertidumbre económica en los próximos días, desde ATE convocamos a todos las y los compañeros con discapacidad, sus familias y organizaciones sociales a mantenernos movilizados en la calle para que se consagre el espíritu de la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Y agregó: “Las movilizaciones en todas las provincias del país fueron clave para poder articular una política nacional de trabajo conjunto y avanzar en la organización para que se consagren los derechos que tienen las y los compañeras con discapacidad en todo el territorio nacional. Ayer el pueblo bonaerense demostró que las cosas pueden cambiar. Tenemos que constituirnos en protagonistas de nuestros derechos”. 

Con 63 votos afirmativos y 7 negativos, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pudiendo ser prorrogada por un año más. La misma tendrá alcance nacional y obliga al Estado nacional a efectivizar el cumplimiento de la obligación asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional (Ley 27.044) respecto de asegurar un adecuado nivel de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo para las personas con discapacidad. 

Así, propone darle adecuado financiamiento a las Pensiones no Contributivas por Discapacidad y faculta al Poder Ejecutivo para aumentar los montos por invalidez laboral y zona geográfica desfavorable. Además, fortalecerá a las y los prestadores (del sistema de prestaciones básicas), regularizará las deudas tributarias y asegurará la refinanciación de planes de pago. Permitirá actualizar el valor de los aranceles del Sistema de prestaciones básicas y liquidar los montos adeudados. La ley también reconoce y financia los programas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como aquellos que promocionan prácticas de equidad laboral y dispone el apoyo financiero para sostener el Régimen de empleo Protegido (Ley 26.816), actualizando la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo vital y móvil vigente y nuevos ingresos al Régimen Federal. Quienes contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado quedarán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales, cajas de jubilaciones correspondientes al INSSJP, Cajas de Asignaciones y Subsidios Familiares y Fondo Nacional de Empleo por un período de 3 años. Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a las y los prestadores que brinden servicio en organismos dependientes del Estado o entidades que forman parte del Sistema de Prestaciones Básicas  (Ley 23660) en los casos que sea necesario.

Desde el Sindicato si bien se celebró la sanción de la ley también se expresó una gran preocupación respecto de la real efectivización de la misma dado que hasta ahora el Gobierno Nacional se dedicó a obstaculizar los proyectos impulsados por organizaciones sociales y políticas que pretenden resolver las dificultades del sector. 

Hasta que se implemente la normativa ATE informó que continuará movilizado, presente en las calles.

Foto: Gentileza ATE Congreso.