ATE presentó un recurso de amparo por el freno al aumento de las jubilaciones

El Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE Nacional presentó un amparo en contra del veto que hizo Javier Milei al aumento aprobado por el Congreso Nacional para las y los jubilados del 7,2% y del bono extraordinario (que hubiese pasado de 70.000 a 110.000 pesos). Le demanda a la Justicia que asuma el control de constitucionalidad que le corresponde y lo declare nulo de nulidad absoluta.

Noelia Guzmán, Presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE Nacional, declaró: “El ejercicio del veto por el Poder Ejecutivo no es un derecho absoluto, una rémora de las monarquías, sino que está sujeto al control de constitucionalidad y razonabilidad de los actos de gobierno por parte de los jueces, debe tener fundamentos serios y respetar los derechos constitucionales y los compromisos asumidos por el Estado al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos”.

El recurso de amparo se presentó de forma conjunta con el Consejo Directivo Nacional de ATE a fines de agosto para rechazar el Decreto 535/25 por medio del cual se vetó el aumento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Se trata de una medida que afecta a 7.000.000 de personas e impide el ejercicio de los derechos humanos a una vida digna, al carácter integral e irrenunciable de seguridad social y a la movilidad de sus jubilaciones y pensiones, de naturaleza alimentaria.  

Actualmente la canasta de un adulto mayor asciende a $1.500.000 y la jubilación mínima es de 314.000 pesos, un pronunciado desfasaje que evidencia la grave situación de miles de adultos mayores que no logran cubrir sus necesidades básicas para una vejez digna.

Mediante este proceso se demanda a la Justicia que asuma el control de constitucionalidad que le corresponde y declare nulo de nulidad absoluta, e inconstitucional el Decreto 534/25 que vetó la Ley 27791 por ser una norma regresiva, inconstitucional y discriminatoria respecto de los jubilados y pensionados.

Foto: Nicolás Bazan Povedano, IG: nicobazanpov