12.09.2025

Conversatorio sobre “El derecho al cuidado en contexto de derecha”

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que el derecho al cuidado y a ser cuidado es esencial, ATE realizó un conversatorio para profundizar sobre la necesidad de garantizarlo a través del trabajo de las y los estatales y la problemática situación en contexto de ajuste y gobiernos de ultraderecha.

En la jornada del martes, estatalas y estatales de distintos sectores se acercaron hasta el Anfiteatro Eva Perón ubicado en Avenida Belgrano 2527, de la Ciudad de Buenos Aires, convocadas y convocados por la incertidumbre del contexto nacional en términos de cercenamiento de políticas públicas en derechos humanos y la certeza de que el Sindicato es el ámbito donde hay que trabajar para asegurar el alcance de las y los ciudadanos a estas garantías individuales.

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal de la cual depende la existencia de la vida humana y el funcionamiento de la vida en sociedad, La secretaría de Género y Diversidad y la secretaría de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional de ATE, impulsaron un encuentro marcado por la emotividad y la reflexión sobre una temática poco discutida que requiere un amplio debate sindical por ser una problemática que atraviesa a cada uno de las y los trabajadores, profundizado en contextos de ajuste y crisis.

El gobierno de ultraderecha pone en jaque cada garantía constitucional y es por eso que el trabajo de las y los estatales de todo el país es un eslabón fundamental para garantizar cada derecho individual y colectivo que Javier Milei quiere quitarle a todas y todos.

Ejercer el cuidado y ser cuidado es fundamental para la vida de las personas, como seres colectivos e interdependientes. Los feminismos vienen haciendo hincapié en la urgencia de dar el debate estratégico y hablar de cuidados en ámbitos sindicales y laborales porque de este derecho nace de una necesidad que se ve atravesada por el tiempo, la economía familiar, la salud y el trabajo.

“No tenemos tiempo porque en contexto de crisis es variable de ajuste. Este debate que venimos dando hacia el interior con compañeras de distintos sectores feministas es estratégico porque el cuidado es un vector de desigualdad e involucra indefectiblemente el trabajo desde lo gremial, desde el ámbito paritario y desde los Convenios Colectivos de Trabajo”, manifestó Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional.

La Secretaria de Derechos Humanos, Valeria Taramasco destacó el reconocimiento del cuidado como Derecho Humano indispensable para garantizar una vida digna y como responsabilidad compartida, comunitaria y afirmó que implica también la necesidad de políticas activas por parte del Estado. “Es un desafío para el sindicato pensar herramientas para la negociación colectiva que permitan incluir el cuidado como parte de las relaciones laborales en igualdad de condiciones”, sostuvo.

Corina Rodríguez Enriquez celebró que hay agendas que siguen vigentes más allá de las urgencias del país y realizó una cronología sobre el estudio del cuidado como derecho asegurando que es un tema universal pero invisibilizado históricamente. La economista feminista e investigadora de CONICET CIEPP (Centro de Investigaciones y Transferencia) reforzó que el cuidado es la representación de la organización desde la desigualdad y lo relacionó con la dependencia económica, las violencias y el trabajo. “La potencia es entender al cuidado como trabajo y necesidad; trabajo que puede ser remunerado y no remunerado y necesidad que habilita un derecho que debe estar en la agenda como política pública”, aseveró.

Analizando el rol de las y los estatales de garantizar los derechos de las argentinas y los argentinos, Andrea Solís, trabajadora de ANSES especialista en Seguridad Social hizo hincapié en el tiempo y los recursos que se necesitan para cuidar, destacando la presencia de este organismo como articulador social que representa el aporte del Estado para que los derechos sean garantizados. Para que la Seguridad Social esté garantizada es necesario incluir a quienes históricamente fueron excluidos, el Estado tiene un deber con los más vulnerables y eso está en riesgo con el alejamiento del gobierno de las necesidades de las y los ciudadanos argentinos. “Las mujeres con la gratuidad de sus tareas están subvencionando al Estado”, determinó.

El Decreto 475/21 fue una política pública de suma importancia destinada a reconocer y computar los aportes previsionales por tareas de cuidado para las mujeres y personas gestantes, con el objetivo de facilitar su acceso a la jubilación. El Gobierno de Milei que eliminó la moratoria excluye a una gran cantidad de mujeres que no llegaron a cumplir con sus años de aportes debido a la necesidad de cumplir con sus tareas de cuidado y de llevar esa carga de forma completa. “El sistema previsional que exige los aportes es un sistema que reproduce grandes desigualdades estructurales, que excluye y discrimina”, sentenció Solis.

En representación de la Junta Interna de ATE en la Superintendencia de Salud, Leandro Castro, participó para dar noción de la interdependencia del cuidado con el derecho a la salud, comentó sobre la crisis que atraviesa el sistema y afirmó que ATE está resistiendo un ataque al salario, a la salud y a la problemática con los coseguros que perjudican a las y los estatales que quedan sin tratamientos médicos por no contar con un sueldo digno ni la garantía del acceso a este derecho esencial.

Al momento de abrir el micrófono los presentes, en sus intervenciones, se mostraron atravesados por problemáticas de organización familiar en su obligación de cumplir con los cuidados de menores a cargo y también de adultos mayores. En sus palabras quedó la evidencia del desafío que implica hacerse cargo de tareas de cuidado en un contexto de derecha marcado por la pluralidad de empleo, la crisis económica, el Estado ausente y el contínuo vaciamiento de políticas públicas que son las que deben garantizar el derecho a la salud y la vivienda, entre otros.

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nace por pedido de Argentina en 2023 a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, allí la titular de esta cartera solicitó a la Corte que analice la distribución equitativa del reparto de tareas de cuidado, la falta de retribución a quienes las llevan a cabo y la determinación en cuanto a si conformaba un Derecho Humano. En esta línea, ATE entregó ejemplares de un resumen confeccionado por las secretarías con la Opinión Consultiva sobre este contenido y su interrelación con otros derechos. Gambera señaló que este material es importante y constituye un logro en sí, debido a que el Ejecutivo intentó frenar esta investigación y no lo logró.

El derecho al cuidado, ahora formalmente reconocido, necesita ser garantizado. Para eso, la disputa por recursos para financiar políticas públicas de cuidados es clave. En un contexto de austeridad y “no hay plata”, es imperioso afinar las estrategias para demandar provisión pública de cuidados.

“Se conforma un binomio imposible donde necesitamos más tiempo de trabajo para sumar ingresos y más tiempo de cuidado para asumir lo que antes resolvíamos socialmente”, sumó Clarisa Gambera.

Del conversatorio también participó en representación de ATE Nacional, Esterea González, la Secretaria de Comunicación y Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos, además Noemí Fernandez presidenta del Centro de Jubilados y Jubilados de ATE Capital y diversos integrantes del mismo.

Colmado por los aplausos, a sala llena y con una gran heterogeneidad de participantes, quedó claro que el derecho a cuidar y a ser cuidado está en la agenda sindical de ATE, ya que es una problemática que no solo atraviesa a las mujeres sino que es transversal y que corresponde al ámbito del trabajo.

Hacia el final detallaron diversos temas pendientes a resolver como la presencialidad, las licencias por cuidado, el tiempo de licencias por maternidad y paternidad, el costo de vida que lejos de estar atado a la inflación está determinado por el costo y la necesidad de que el Estado tome en cuenta los gastos que incluyen el cuidado.

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