ATE repudió la decisión del Gobierno nacional que alegó no tener fondos para financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Este lunes ATE rechazó la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de poner en suspenso la Ley de Emergencia en Discapacidad argumentando que el Poder Legislativo no incluyó las partidas correspondientes en el Presupuesto que permiten la ejecución de la misma. Esta medida impide avanzar en la consagración de los derechos que tienen las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.

Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, declaró: “La ley fue vetada dos veces por Milei y las y los legisladores considerando la atrocidad que significa dejar sin asistencia a una población que necesita de tratamiento prolongado dos veces lo rechazó. Este Gobierno corrupto no solo no devolvió las pensiones quitadas por Mauricio Macri sino que se las quitó a su vez a más de 120.000 personas. También hizo negocios con los laboratorios. Desde su asunción se quedó con el salario de las y los trabajadores del ámbito de la discapacidad. Al mismo tiempo lleva a cero el impuesto a las retenciones del agro. Es una transferencia de dinero a los sectores más poderosos y más ricos en detrimento del sector es más vulnerables y desposeídos del país.  La gente de bien de la que habla Milei son corruptos impiadosos y matan para ser más ricos y poderosos”.

Eliana Fernández, Secretaria de Acción Social de la Junta Interna Pensiones-ANDis, manifestó: “Desde siempre, esta Junta Interna estuvo a favor de los derechos de las Personas con Discapacidad. Desde la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), en 2017 nos manifestamos en contra del DNU 698, ya que considerábamos que iba a dar vía libre a la generación de negociados. Con respecto a la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad consideramos que es inconstitucional desde donde se mire, y no entendemos el argumento de la falta de fondos para cumplirla, si cuando hubo que darle fondos a la SIDE, no dio explicaciones de dónde salió el dinero. Si vemos que quita las retenciones agropecuarias y recibe préstamos de dudosa legalidad,  la pregunta se responde por sí misma”.

Actualmente las personas con discapacidad son uno de los sectores que más padecen el ajuste económico implementado por el actual gobierno de Javier Milei. La ausencia de políticas públicas, la eliminación de programas de inclusión laboral, el recorte de la cobertura de salud mediante la Agencia Nacional de Discapacidad, el sistema de obras sociales y la exclusión de 100.000 pensiones profundizan la vulnerabilidad del colectivo. La pensión no contributiva ronda los 294.194 pesos mientras que una Canasta Básica Total en agosto fue de $1.160.780 para una familia tipo, según datos del INDEC. Además, existe un retraso de los pagos a prestadores de terapias, transporte y acompañantes terapéuticos lo que genera interrupciones en tratamientos esenciales que ponen en riesgo la vida de estas personas.

Es importante recordar que la normativa tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pudiendo ser prorrogada por un año más. La misma tiene un alcance nacional y obliga al Estado nacional a efectivizar el cumplimiento de la obligación asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional (Ley 27.044) respecto de asegurar un adecuado nivel de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo para las personas con discapacidad.

Foto: Marita Costa.