ATE rechazó la flexibilización de normas para la construcción inmobiliaria en los Parques Nacionales
Aumenta la preocupación del Sindicato por las recientes disposiciones del Gobierno nacional que habilita el avance de inversiones privadas en desmedro de las áreas protegidas.
ATE repudió la nueva normativa de la Administración de Parques Nacionales, sancionada a fines de septiembre, que actualiza el reglamento sobre las construcciones y amplía los márgenes de ocupación del suelo en todos los parques patagónicos. Se trata de la Resolución 300/25 que abrirá la puerta a proyectos privados en áreas donde antes estaban prohibidos y que son ambientalmente sensibles. Además, el Sindicato advierte que no se detallan cómo serán los mecanismos de control público lo que genera mayor incertidumbre en el sector.
El Sindicato advirtió que la medida que impuso el Poder Ejecutivo coincide con el achicamiento del personal técnico y operativo en el organismo, en parte por los despidos y también por los bajos salarios que han generado renuncias en el sector. Este complejo escenario reduce la capacidad de fiscalización en el extenso territorio nacional, lo que impide garantizar el cumplimiento de la conservación y protección de la biodiversidad del ambiente. Además, al aumentar los espacios para el movimiento humano, aumentan los riesgos de incendios lo que agrava la situación actual con la caída de los contratos de brigadistas.
Algunas de las áreas en donde impacta esta ley son el Parque Lanín (Neuquén) y Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), superficies que además albergan una gran riqueza intercultural. En estos espacios se incrementa el volúmen edificable permitido lo que transformará la configuración tal como se conoce actualmente porque incluirá el desmonte de la vegetación autóctona, importantes movimientos de suelo e impacto en la fauna silvestre, suelos vírgenes e innumerables cursos de agua dulce.
La normativa permite el aumento de la superficie de construcción y obras de infraestructura dentro de las tierras de propiedad privada mayores a 30 hectáreas. Las y los beneficiados directos de esta resolución son menos de 200 propietarios privados que poseen tierras en esas áreas.
Desde ATE se repudió que el Gobierno siga favoreciendo a los grandes grupos económicos, en este caso dedicados al desarrollo inmobiliario.
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