El presente refleja el pasado…

El comunicado:

 

El presente refleja el pasado….

Por los trabajadores y trabajadoras de la SSAF La Rioja (Subsecretaría de Agricultura Familiar de La Rioja)

 

Los/as trabajadores y trabajadoras de la SsAF (Subsecretaria de Agricultura Familiar) de La Rioja nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudiamos la existencia de listas negras en donde se identifica a asambleístas de Famatina y Chilecito que se oponen a la instalación de emprendimientos mega-mineros en sus territorios, entre los cuales figuran compañeros/as, familiares de compañeros/as y productores/as campesinos/as con los/as cuales, nosotros/as, los técnicos de la Subsecretaría de de Agricultura Familiar, trabajamos desde hace años en el fomento de las actividades agropecuarias y artesanales, así como en el fortalecimiento de las organizaciones presentes en el territorio.

 

La existencia de estas listas se conoció el día 16 de diciembre de este año, luego de que funcionarios de la empresa Osisko Mining Corporation y de la Secretaria de Empleo de la provincia intentaran llevar adelante en Famatina una actividad  de promoción de la Mega-minería y al retirarse “olvidaran” una carpeta donde se identifica a los integrantes de estas asambleas y otros ciudadanos que se oponen a la instalación de estas empresas (detallando datos personales, profesión, edad, etc.).

 

Los trabajadores y trabajadoras de la SsAF denunciamos el accionar mafioso de los funcionarios del gobierno provincial y de los responsables de la empresa. Estos hechos no son aislados, sino que responden a una política de intimidación y persecución llevada adelante por funcionarios provinciales, los cuales vienen siéndonos aplicados también a nosotros en reiterados episodios de persecución laboral en nuestros sectores de trabajo. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y el cese de todas las acciones represivas por parte del Poder antes citado, acciones asociadas con la época del proceso militar en la Argentina.

 

No es posible un modelo de desarrollo orientado hacia  la sustentabilidad  basado en estas prácticas de violación de los derechos humanos  más fundamentales (Art 14° y 41° de la Constitución Nacional) y, definitivamente,  tampoco habrá consenso ni licencia social si no existe un proceso de consulta  a las comunidades que habitan un territorio, sobre qué tipo de actividades productivas prefieren desarrollar, respetando su identidad cultural.

 

Con estas actitudes, queda en evidencia que las personas a cargo de los gobiernos provinciales y municipales asocian sus intereses particulares con los de las empresas privadas transnacionales, cuando su función es garantizar los derechos de la ciudadanía, trabajar por el  interés público (la res pública) y proteger los bienes comunes y la soberanía nacional sobre los recursos naturales.

 

Habrá que preguntarse si estos funcionarios son dignos y legítimos  representantes para ejercer el poder que “emana y pertenece exclusivamente al pueblo de la provincia” (Art. 1° de la Constitución Provincial), si tienen suficiente capacidad para garantizar la democracia participativa, que está lejos de ser un logro, y si pueden sujetar sus acciones a los principios republicanos, especialmente en lo que respecta a la publicidad de todos sus actos y la legalidad de sus acciones (Art 3° CP). En caso contrario, y la realidad así parece indicarlo, llegará el momento, más temprano que tarde, en que el pueblo se los demande. Por las generaciones actuales y futuras.

 

NO AL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS!

POR TIERRA, AGUA Y TRABAJO!!!

 

18/01/2012