Loncopué dijo NO a la megaminería contaminante

Loncopué es un pequeño pueblo de siete mil habitantes ubicado en el noroeste de la provincia, que basa su actividad económica en el turismo. Sin embargo, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) y la empresa china Emprendimientos Mineros SA acordaron en 2008 instalar un proyecto de extracción de cobre en las inmediaciones del poblado. Desde entonces, los vecinos y la comunidad mapuche Mellao Morales se unieron para frenar el proyecto.

 

En ese contexto y pese a los intentos del Ejecutivo provincial de truncar la consulta popular, la población de Loncopué se convirtió ayer en la primera del país en realizar un referéndum vinculante sobre la actividad megaminera. El resultado fue un contundente “no” a esa actividad.

 

Los vecinos, sin embargo, cuestionaron la actitud de la policía local y de la Gendarmería, que se negaron a recibir las urnas para resguardarlas. “Al cierre del escrutinio se iba a entregar las urnas a la policia para que las custodie, pero el Ministro de Seguridad de Neuquén bajó línea para que no lo hagan. Tuvo que quedar la misma Comisión de la elección a cargo de las urnas durante toda la noche”, contó Sebastián Jaquis, Secretario General de la seccional ATE – Loncopué.

 

El referéndum estaba previsto para el año pasado, pero recién se concretó con el cambio de las autoridades comunales. La consulta popular de carácter obligatorio y vinculante apuntó a evaluar el apoyo de la ciudadanía a la aprobación o rechazo de un proyecto de ordenanza que impide la explotación minera a gran escala dentro del municipio. Según AVAL, el 84,5 por ciento de Loncopué se manifestó en contra de la megaminería (con 2125 votos), mientras el 15,5 por ciento lo hizo a favor (con 388 votos).

 

“El Tribunal Superior de Justicia de la provincia falló el jueves 31 de mayo en favor del referéndum. El Ejecutivo, que confiaba en que el TSJ no iba a permitir la consulta, despotricó y quiso deslegitimar el referéndum. A último momento quisieron venir de atropelló a presentar fiscales”, explicó Jaquis.

 

Además, las organizaciones ambientales denunciaron que grupos pro-mineros pretendieron deslegitimar el proceso de votación mediante el envío de mensajes de texto y la interrupción del servicio telefónico y de Internet. La intención, dijeron, era confundir a la población con el falso argumento de que la consulta popular no era vinculante ni obligatoria, dos condiciones que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial había ratificado el jueves pasado en un fallo. También contribuyó a esa confusión el gobernador Jorge Sapag, quien aseguraba ayer que el plebiscito era “absolutamente inconstitucional”.

 

“ATE formó parte en todo el proceso electoral, obviamente para que los ciudadanos puedan elegir libremente entre el favorecimiento a las empresas mineras o la protección de nuestro medio ambiente”, informó Jaquis, quien agregó: “El mismo domingo hicimos una marcha luego del cierre de las urnas para que todos puedan expresar en la calle su posición ante la mega minería contaminante.”

 

 

PRENSA ATE – 04/06/2012