Las otras víctimas de la dictadura

Todas estas Comisiones – 12 en total – realizaron una Plenario Nacional en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado en Capital Federal el 30 de mayo de este año, ya que muchos de estos compañeros pertenecían a éste sindicato.

Adolfo Trejo fue cesanteado de la Junta Nacional de Granos apenas comenzado el gobierno de facto comandado por el asesino condenado Videla. Se le aplicó la “Ley de Seguridad Nacional”. Previamente había sido detenido sin motivos y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en los hechos la banda de asesinos de lesa humanidad encabezada por Videla, Massera y Agosti. Si hubiera habido un Estado de Derecho se debería haber licenciado a Trejo hasta comprobarle hechos “terroristas”, cosa que nunca pasó ya que no se buscaban culpables, sino instalar un régimen de terror. Trejo fue detenido el 16 de febrero de 1976, un mes antes del Golpe de Estado mientras panfleteaba alertando sobre el inminente ataque de las fuerzas armadas a las instituciones. Adolfo define a sus compañeros, trabajadores estatales cesanteados durante la dictadura como sobrevivientes de un genocidio, y de la carnicería emprendida por estas bandas armadas en nombre del Estado, que aún no puede procesar.

Trejo afirma que si bien le reconoce a este Gobierno Nacional haber reabierto las causas por delitos de lesa humanidad que parecían cerradas para siempre, siente que en parte fueron usados con fines electorales, y en este caso se refiere específicamente a lo que el denomina la “gran legión de sobrevivientes del genocidio” que son, por ejemplo, los laburantes a quienes se les sacó el sustento económico, a los que se les prometió una Ley que nunca salió. “Hubo gente que pasó cárceles y otra que no las pasó, pero que fueron sacados de sus trabajos, fueron expulsados, perseguidos o torturados, gente que nunca más se pudo insertar en la sociedad, gente a las que le cortaron todas las aspiraciones y sueños, de hacer una carrera en su lugar de trabajo en el Estado, sea este nacional, provincial o municipal, les cortaron las alas” afirma uno de los militantes de Cesanteados durante la Dictadura en Rosario.

La problemática que sufrieron estos trabajadores, estimados en más de 50 mil en todo el territorio de la República es "imaginable", aunque su experiencia es intransferible. Hoy la mayoría está en edad de jubilarse, y muchos han quedado por el camino debido a las profundas marcas que dejó en estos hombres y mujeres la dictadura. A esto se le debe sumar que muchos de ellos no pudieron aportar a una obra social o a las cajas jubilatorias, lo que los pone en situaciones de absoluta desprotección. Pero lo que más molesta a estos compañeros es el uso político que se ha hecho de su problema. “Proyectos que fueron elevados por la misma gente del oficialismo, una cosa maquiavélica, hicieron entusiasmar a la gente de que realmente iban a cobrar un resarcimiento y esto no pasó”. El compañero se refiere al proyecto de Ley presentado en 2008 por la entonces diputada Patricia Fedel que estimaba los resarcimientos para los cesanteados durante la última dictadura. Este proyecto fue dejado caer, es decir, perdió estado parlamentario, la misma diputada, incluyendo al jefe del bloque del FPV Agustín Rossi volvieron a presentar el proyecto y nuevamente pasó lo mismo, inclusive luego de haber pasado todas las instancias burocráticas llegó a Presupuesto y Hacienda, que es donde finalmente se aprueba. Hasta hoy ninguno de los compañeros tiene una explicación de por qué nuevamente se cayó el proyecto.

Si bien desde ATE se está organizando un censo para saber a ciencia cierta cuántos compañeros y compañeras fueron cesanteados por el gobierno de facto, se estima esa cifra en más de 50 mil trabajadores/as, muchos de los cuales son rosarinos pertenecientes a lugares estratégicos del Estado en esa época en una ciudad portuaria como Rosario, tales como ferrocarriles y aduana.

Los compañeros sospechan que el proyecto de Ley haya sido una mera promesa electoral, por eso ante los dos intentos fallidos, y ante una tercera presentación de reparación histórica para estos compañeros que está en estos momentos en el Parlamento Nacional (fue presentada en el mes de mayo) es que los cesanteados se preguntan, ¿por qué esta vez les tenemos que creer? ¿si los dos proyectos anteriores fueron volteados, y éste es prácticamente igual, por qué razón aprobarían éste?”

Carlos Folloni también era trabajador de la extinta Junta Nacional de Granos y fue cesanteado en 1980, él supone, por tener participación gremial, aunque nunca lo supo a ciencia cierta ya que fue prescindido mediante el Ley 21.274 de la dictadura militar. Las razones de la prescindibilidad nunca fueron explícitas, nunca hubo siquiera un sumario administrativo, aunque quedaba claro que las cesantías tenían que ver con alguna participación política o gremial por mínima que fuera. Además de no poder trabajar a partir de este hecho en ningún estamento del Estado, estos laburantes quedaban "marcados" con lo que ello significaba durante la última dictadura.

Carlos, si bien no sufrió la cárcel y la tortura, sí padeció fuertes tenciones psicológicas ya que nunca logró reinsertarse en el ámbito laboral en “blanco” y sufrió severas restricciones económicas que se tradujeron en trastornos familiares, es decir, la dictadura le arruinó la vida, se robó la dignidad, que hoy recupera mediante la lucha por sus derechos. “Somos el segmento que hemos sido perjudicados en nuestros derechos humanos y que no hemos sido tenidos en cuenta hasta el momento” explica Folloni, y agrega: “lamentablemente nos han llegado comentarios desde el Congreso Nacional que el presupuesto no se iba a mover este año para pagar estos resarcimientos, por lo que tenemos pocas esperanzas de que este nuevo proyecto tenga un buen final”.

Los trabajadores cesanteados del Estado nacional de diversas provincias no descartan llegar a un juicio contra el Estado para que éste termine resarciendo a los compañeros y compañeras, de hecho en provincias como Misiones (una de las comisiones más antiguas junto a La Pampa) están a punto de llegar a esa instancia, que dejaría una mácula a la política de Derechos Humanos en el país ya que ese el conflicto podría terminar en un tribunal internacional, algo que los compañeros no desean pero que harán si el gobierno no atiende sus reclamos.

Alejandro Garzón, secretario gremial de la Asociación Trabajadores del Estado, en unas recientes declaraciones realizadas en La Pampa junto a un grupo de compañeros de cesanteados de esa provincia expresó: “La idea, más allá de plantear el resarcimiento económico, es la de cómo vamos encontrándonos con esos cientos de compañeros que fueron cesanteados, para poder dar una fuerza nacional. Este sindicato, que tiene 86 años de vida y que tiene cientos de trabajadores cesanteados, por actividad gremial o política, va a ayudar a los compañeros a unirse para juntar fuerza y así empujar el proyecto. Hace poco encontramos un Libro de Actas en Vías Navegables que muestra la persecución que tuvieron que soportar los compañeros militantes durante esos años oscuros en nuestro país. Esto es tomado como una iniciativa propia del Consejo Directivo Nacional de ATE, porque creemos que es una bandera muy importante para recuperar parte de nuestra historia y para que cientos de jóvenes hoy incorporados al sindicalismo, sepan que hubo compañeros que pelearon, que se jugaron, y que amaban el sindicalismo y que militaban por una idea. Es importante que se reparen los destrozos que se hicieron durante la dictadura para que se reivindique la lucha gremial. Desde el Consejo Directivo Nacional entonces vamos a ayudar a los compañeros a lograr la unión y la fuerza necesaria para que el proyecto logre pasar por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y que la presidenta no vete la ley, como lo ha hecho, por ejemplo, con la ley del 82% móvil para los jubilados”.

Vale aclarar que de nuestro sindicato fueron expulsados de sus trabajos compañeros históricos en cuanto a su lucha y militancia tales como Héctor Quagliaro, Vicente Militello, Jorge Acedo y Miguel Peyrano, por mencionar sólo algunos.

Desde la Comisión de Cesanteados por la dictadura Rosario invitan a todos los compañeros/as que hayan atravesado esta problemática o a sus familiares a reunirse todos los miércoles a partir de las 18,30 en la Seccional Rosario de ATE en San Lorenzo 1879.

 

 

Equipo de comunicación ATE – CTA Rosario