Más sangre sobre el agronegocio
<p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">SANTIAGO DEL ESTERO// Dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) repudiaron el homicidio del campesino santiagueño Miguel Galván y exigieron la "inmediata sanción de una ley que frene los desalojos" rurales, en un acto que se concreto frente al Congreso Nacional y con el que solidarizaron diversas organizaciones entre ellas la CTA.</span></span></p> <p> </p>
Galván fue asesinado por "un sicario de una empresa sojera" próximo al límite entre las provincias de Santiago del Estero y Salta, y a unos 50 kilómetros de donde murió en noviembre de 2011 Cristian Ferreyra, en otro crimen de igual signo, denunció el Mocase-VC, la organización de la que ambos formaban parte.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, expresó , "la indignación que tenemos por las muertes de campesinos en Santiago del Estero y en Formosa. Que devuelvan las tierras a los campesinos y que paren los desalojos. Basta de matar. Basta de muerte cuando se defiende la tierra", exigió.
Estaban presentes en el acto, entre otros, representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina, orgaganismos de derechos humanos, Graciela Iturraspe, de Unidad Popular, y Jorge Cardelli y Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur, la Corriente Clasista y Combativa.
Miguel Galván fue atacado por un hombre presuntamente enviado por la "familia Figueroa", de un "empresario de Salta", señaló el Mocase-VC en un comunicado. La agrupación destacó que Galván "había denunciado amenazas en el Juzgado de Monte Quemado" y por eso exigió "la intervención judicial en los hechos", que ocurrieron a unos 400 kilómetros de la capital santiagueña.
"Familias del paraje Simbol venían siendo hostigadas porsicarios de Rosario de la Frontera (Salta), que pretenden alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela, quienes el pasado 15 de septiembre han realizado la primera etapa del relevamiento territorial", señaló esa organización.
Y agregó que "Miguel y Rafael Galván, en diversas oportunidades han denunciado ante la policía de Monte Quemado las amenazas de muerte y golpizas que Paulino Riso, Hortencia Valderrama y su marido Eulogio Rizo patrón les venían haciendo".
El Mocase-VC consideró además que "el gobernador Gerardo Zamora, una vez más es responsable de la muerte de un campesino indígena, como lo fue la de Cristian Ferreyra asesinado el pasado 16 de noviembre".
Sucede que el asesinato de Galván fue perpetrado a casi un año de que otro campesino, Cristian Ferreyra, de 23 años, muriera baleado por hombres que, según dijeron a la Justicia, trabajaban para un sojero. Ese crimen ocurrió el 16 de noviembre en la comunidad San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, donde Ferreyra intentaba resistir un desalojo.
Repudio de la diputada Graciela Iturraspe
Mediante un proyecto de Resolución, la Diputada Graciela Iturraspe expresó repudio y preocupación por el asesinato del militante social Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
“Los homicidios se producen por el conflicto de tierras entre Santiago del Estero y Salta, se sabe que hay muchos campesinos presionados o amenazados por terratenientes para que vendan o desalojen sus tierras, no podemos permitir que sigan asesinando a compañeros, ni dejarlos solos”, sostuvo la legisladora.
“Hoy mataron a Miguel Galván de 40 años, el 16 de noviembre del año pasado mataron al militante Cristian Ferreyra, en esa oportunidad la propia Justicia había vinculado el homicidio a un sicario de un empresario sojero de la región”, señaló.
Por último la diputada Graciela Iturraspe indicó que "no hay que perder de vista los dichos de los referentes del Movimiento Nacional Campesino, quienes manifestaron que provincias como Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Chaco, Mendoza y Formosa, sufren la contracara del llamado boom sojero. Los pequeños agricultores de la zona son obligados a vender a propietarios que pretenden extender la frontera sojera. En muchas localidades se denuncia el accionar de patotas armadas”.
El proyecto ingresó con expediente número: 7236-D-2012. Acompañado por los diputados nacionales: Victor De Gennaro, Liliana Parada, Antonio Riestra, Victoria Donda Perez, Fabian Peralta, Ricardo Cuccovillo, Jorge Cardelli y Ramona Pucheta.