“Ofrecen petróleo a cambio de vidas humanas, y nosotros no queremos ser moneda de cambio”

“Finalmente nos reunimos con ellos para analizar la situación de la comunidad Campo Maripe, cuyos modos de vida están siendo interferidos por los contratistas de YPF. Consensuamos un plan de trabajo urgente y volvernos a juntar en 30 días para estudiar los cambios realizados. Aquel día la empresa se atajó diciendo que la comunidad no tiene título de propiedad ni personería jurídica. Un doble discurso: ellos saben que la política pública durante los últimos años ha sido negar títulos de propiedad y no mensurar tierras, como mecanismos de debilitamiento de la comunidad mapuche frente a los grupos económicos”, nos cuenta Jorge Nahuel.

La autoridad mapuche precisa que ni YPF ni Chevrón analizó con suficiencia el impacto de la industria petrolera en la vida, cultura e identidad indígenas. Agrega que YPF todavía no ordenó el desastre de Repsol mientras anuncia con alegría la llegada de un capital que Nahuel denuncia contaminante, abusivo e impune, en relación al tendal de delitos ambientales provocados en Ecuador.

En esta batalla librada también en el campo de los medios periodísticos, se acusa a las comunidades indígenas de no haber dicho nada cuando el Estado vendió la petrolera estatal a Repsol, y que la judicialización impulsada persigue sólo resarcimientos económicos. Dos presunciones que el Werken de la Confederación Mapuche rechaza.

“La presidenta Cristina Fernández debería saber que en pleno menemismo, cuando se instala Repsol en territorio mapuche, resistimos a través de acciones directas, denuncias públicas y campañas internacionales. Incluso nos reunimos con directivos y accionistas de Repsol en Madrid para plantearles nuestra oposición a su emprendimiento. Los hemos denunciado también en la Justicia por daño ambiental y cultural. La causa pasó por todos los estrados locales y nacionales, y hoy está esperando una resolución en la Corte Suprema”, detalló Nahuel.

Asimismo el líder indígena sostiene que la política de reparación del daño causado sólo tiene solución mediante una inversión millonaria: “Debemos remediar la presencia de metales pesados en el suelo, subsuelo y en el cuerpo de los integrantes de nuestro pueblo”. Un pedido de resarcimiento que se complementa con la denuncia penal iniciada contra el ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, a quien Nahuel acusa de estar detrás de los negociados de la industria del petróleo. “No hicimos denuncia civil”, explica nuestro entrevistado, “porque no queremos una sanción económica sino penal contra los funcionarios que actúan de manera perversa, ofreciendo petróleo a cambio de vidas humanas. Y nosotros no queremos ser moneda de cambio”.

 

PRENSA ATE NACIONAL – 23/7/13