Repudio a la judicialización del derecho a huelga en Córdoba

La imputación judicial, conocida ayer, de dos
delegados del Hospital de Niños en el marco del plan de lucha que realizaron el
año pasado los trabajadores de los hospitales provinciales, demuestra una vez
más que el gobierno sólo pretende la existencia de gremios afines en el ámbito
del Estado provincial.

Así, la administración delasotista pretende
resolver por vía penal los conflictos de índole estrictamente gremial,
vulnerando así el derecho a huelga consagrado por la Constitución Nacional, los
tratados internacionales con rango constitucional y la propia Constitución de
la provincia.

A los dos delegados ATE, junto a otros tres
trabajadores, se les imputa la figura penal de ‘turbación de posesión’ en el
centro de salud, durante el fuerte conflicto que se extendió por cinco meses y
que no tuvo ninguna denuncia, ni hecho que lamentar, de parte de algún paciente
por falta de atención. Los trabajadores siempre garantizaron las guardias
mínimas, cubriendo urgencia y emergencias, como exige la ley vigente para el
sector sanitario.

Pero no es casual que estas imputaciones se
conozcan la misma semana que ATE difundió el vaciamiento de drogas para los
pacientes de la farmacia del Hospital San Roque, denuncia que se suma a otras
del mismo tenor sobre la caída de inversión en el sector salud, que en
medicamentos alcanzaría el 50%.

En consecuencia, entendemos que esta judicialización
es un intento de escarmiento para silenciar a los trabajadores y a ATE,
sentando un peligroso antecedente donde la justicia actúe como brazo ejecutor
de la criminalización de la protesta social, coartando tanto el derecho a
huelga como la defensa de la salud pública.

La ATE se presentará a la fiscalía interviniente,
turno 2, distrito 3, ubicada en el edificio de Tribunales II, para ejercer la
legítima defensa de los trabajadores, reclamar el fin de la persecución y
exigir el respeto del derecho a huelga.

Al mismo tiempo, ATE expresa una vez más su
compromiso de continuar ejerciendo todos los derechos que como organización
sindical le competen, así como la libertad sindical, en respaldo del mandato de
nuestros afiliados y de los trabajadores en general. De la misma forma,
mantendremos la defensa de la salud pública y proseguiremos denunciando las
situaciones que afecten el normal funcionamiento de la atención a los
pacientes, conforme la legislación vigente.