16.09.2015

Pases a planta, a discreción de Macri

La junta interna de ATE en Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad protestó hoy dentro y fuera de la sede del organismo, en demanda del pase a planta de acuerdo a la antigüedad y no a la filiación partidaria. Denunció además que compañeros con 13 años de labor deben pagar ingresos brutos y facturar como monotributistas para cobrar su salario. Una trabajadora se encadenó frente al edificio público

Silvina
es trabajadora en la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de
Buenos Aires. Hoy decidió encadenarse a la puerta del Ministerio de
Modernización, donde funciona el organismo. Los compañeros no quieren revelar
su apellido para preservarla de represalias. Pero denuncian desde el megáfono
que su caso es paradigmático: trabaja desde 2002, paga monotributo e ingresos
brutos para cobrar su salario y, por cuarta vez, le fue negado su pase a planta
permanente.

El
caso de Silvina es uno más entre el 40% de los 450 trabajadores de la dirección
de estadísticas. Tamara Lescano, delegada general de la junta interna de ATE
allí, explica que “la protesta exige que los pases a planta abiertos
últimamente sean, primero, para los trabajadores con mayor antigüedad. Aquí
sucede que aquellos que militan o colaboran en el PRO, pasan a planta muy rápidamente”.

Tamara
Lescano había sido despedida de Estadísticas y Censos, y luego reincorporada.
No corrió la misma suerte Nicolás, cuyo nombre también preservan los compañeros
de la junta. Estas represalias de la patronal son adjudicadas a José María
Donati, director del organismo, como forma de restringir la lucha sindical de
ATE.

La
junta interna contó hoy con la solidaridad de otros sectores de labor,
y la presencia de dirigentes porteños como Gustavo Moreno, y los nacionales
Mario Muñoz (director de Asuntos Municipales), Ernesto Contreras y Darío
Orellano.

En
ese marco, los trabajadores denunciaron asimismo la transferencia de recursos de
la Dirección para financiar la campaña de PRO, y la presión que reciben los
trabajadores para afiliarse al partido macrista y fiscalizar a sus candidatos
en las elecciones generales. 

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