06.10.2015

ATE denuncia amenazas del titular de Cultura contra trabajadores precarizados

La ATE provincial se presentó ante la Unidad de Atención a la víctima y al Ciudadano de Resistencia para presentar una denuncia contra el presidente del Instituto de Cultura, Edgardo Pérez, quien amenazó con despedir a una trabajadora del área prensa por verla participar de una manifestación gremial.

El equipo legal del sindicato llegó junto a la víctima
del aberrante hecho y afiliados de Cultura en ese sindicato llegaron hasta esa
dependencia para denunciar que “el presidente de Cultura Edgardo Pérez no sólo
le recriminó a nuestra afiliada haber participado de una marcha de trabajadores
de Cultura, sino que la amenazó con dejarla sin trabajo por ese motivo. No
podemos permitir este tipo de acciones represivas, que violan derechos
esenciales de los trabajadores y ejercen violencia laboral, moral, psicológica
hacia nuestros afiliados”.

Lisandro Vargas Gómez, delegado de ATE y trabajador de
Cultura, consideró que “se trata de un caso más de la violencia institucional
que este señor está imponiendo de manera sistemática desde que asumió. Hace dos
años venimos denunciando este tipo de atropellos, que en varios casos
terminaron con compañeros despedidos, escándalos y hasta renuncias de
directores”.

“En el caso de esta compañera, fotógrafa, primero fue
amenazada, luego el director del área Prensa le quitó la cámara con excusas,
pero con el claro objetivo de desfuncionarla de sus tareas, y luego se le dijo
que no venga más a trabajar. La compañera nunca recibió ningún tipo de
notificación, pese a que hace más de dos semanas solicitó por escrito a
Recursos Humanos que se le informe su situación”, detalló Vargas Gómez.

El referente del ATE en la cartera cultura recordó que
“un reciente ejemplo de esto es el caso del Coro Toba Chelaalapí, nuestros
embajadores culturales, que luego de ser maltratados y discriminados decidieron
presentar una denuncia ante el organismo nacional competente. No solo no
obtuvieron ningún tipo de pedido de disculpa, sino que por el contrario fueron
y son presionados para que levanten la denuncia, sin admitir el más mínimo
grado de responsabilidad ante estas aberrantes actitudes, que en teoría el
Estado, tanto provincial como nacional, quiere desterrar”.

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