La CTA Autónoma participó de la Jornada por los Derechos Humanos

Resultó un evento
multitudinario, teñido por el colorido que aportó la confluencia de decenas de
organizaciones sociales de todo el país, que junto a los familiares de víctimas
del gatillo fácil y la desaparición forzada en democracia, desarrollaron
actividades diversas (talleres, exposición de casos, debates, murga, teatro,
música) bajo las consignas de por un lado, denunciar fuertemente las prácticas
criminales de las fuerzas de seguridad a lo largo y a lo ancho del país, y por
el otro, fortalecer los tejidos de acción entre los familiares y las
organizaciones en torno a la lucha contra la impunidad y la prevención de estos
casos.

 

La CTA Autónoma estuvo
presente acompañando a familiares y presentando casos de violencia
institucional que tuvieron lugar en diferentes provincias. Compañeros de CTA y
ATE Rosario, representados en la presencia de Liliana Leyes y la concejala
rosarina Celeste Lepratti (quien integró la Mesa sobre Gatillo Fácil), estuvieron
acompañando a familiares de jóvenes asesinados por el aparato represivo en la
provincia de Santa Fe. Del Espacio de Niñez y Territorio, estuvo el compañero
Omar Giuliani de Ruca Hueney, que también participaron de la jornada a través
de un puesto informativo.

 

La CTA y ATE Misiones
centraron su participación en la denuncia y difusión del caso de Mario Golemba,
desaparecido en esa provincia desde marzo de 2008. Así mismo, compartieron a las
organizaciones presentes, un ‘Informe represivo en Misiones’ que da cuenta de
más de 20 casos de muertes ocurridas en contextos de encierro en dicha
provincia.

 

Por la conducción nacional
de CTA, estuvo presente la Secretaria de Comunicación Carolina Ocar.

 

Represión de punta a punta

 

En la Jornada se dieron a
conocer cifras actualizadas por la Coordinadora contra la Represión Policial
(CORREPI) en relación a desapariciones forzadas, asesinatos (gatillo fácil),
torturas y asesinatos en represiones a la protesta social en la Argentina.

 

Según las estadísticas de
CORREPI, son 4644 las personas asesinadas por gatillo fácil y tortura en
lugares de detención durante el periodo que va desde la restauración del
sistema democrático (1983) hasta diciembre de 2015.

 

En este mismo periodo,
CORREPI detectó 70 casos de asesinatos en represión a protestas sociales, y un
total de 200 desaparecidos en el marco de casos donde las fuerzas de seguridad
están implicadas.

 

En el documento unificado
que se leyó sobre el cierre de la Jornada, se plantea que “La policía no sólo
tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer: también el
encubrimiento político de todos los estamentos del poder para garantizarse la
impunidad. Sólo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de
turno puede quebrantarse ese poder”.

 

En otro tramo el documento
expresa que “El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la
última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la
democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva
e invisibilizada”.

 

Y añade: “El nuevo
gobierno asume con una intencionalidad más que clara, la emergencia en
seguridad a nivel nacional sólo puede explicarse comprendiendo la impronta
represiva que se gesta para los próximos cuatro años, junto al intento de
imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para
deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del
aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creación por
decreto de las policías locales en ‘la década ganada’, es la herencia que
necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para
la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones
ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura
para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los
trabajadores: 45 mil policías bonaerenses a los que se sumaron más de 25 mil
locales”.