Judicialización de la protesta: tras la presión de Weretilneck, buscan imputar a compañeros de ATE
A partir de una fuerte presión de parte del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y sin fundamentos jurídicos sólidos, el fiscal Martín Pezzetta busca imputar a Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Rio Negro, por coacción agravada. “Desde el Consejo Nacional de ATE respaldamos la lucha de los trabajadores y repudiamos la criminalización de la protesta social por parte del Gobernador”, afirmó Hugo “Cachorro” Godoy.
El
Gobernador Alberto Weretilneck viene sosteniendo una fuerte embestida contra
los trabajadores estatales que, por su carácter combativo, tiene a ATE como eje
central. Es que, luego del llamado público que éste hiciera a criminalizar la
protesta social en la provincia y de la fuerte presión ejercida por el Poder
Ejecutivo sobre el Judicial, el Fiscal de la Unidad Temática 1, con asiento en
la ciudad de Cipolletti, Martín Pezzetta intenta por estas horas -forzando la
interpretación de las leyes- imputar al Secretario General del sindicato junto
a dirigentes y delegados de un delito gravísimo como el de coacción agravada, y
para el cual se encuentra prevista la cárcel efectiva.
Desde el
Consejo Directivo Nacional de ATE fue inmediato el rechazo ante esta nuevo
ataque a los trabajadores y sus representantes. “Repudiamos la actitud del
Gobernador Weretilneck, quien junto a determinados actores del Poder Judicial
subordinados al poder político han solicitado la detención de compañeros y
dirigentes de ATE Rio Negro”, dijo Godoy.
El proceso judicial
tiene como origen la lucha que ATE junto a los trabajadores dieron en el
municipio Contralmirante Cordero, y que se prolongó durante casi dos semanas. En
el conflicto la Asociación Trabajadores del Estado resolvió distintas medidas
de fuerza para exigir la reincorporación de despedidos y la apertura de una
mesa de negociación para alcanzar un incremento salarial. En aquel momento, la Secretaria
General de la Seccional Norte de ATE, Dora Fernández había denunciado: "Pocas
veces nos pasó que en una reunión con un Intendente, éste insinuara de manera
directa el despido de los trabajadores por su afiliación sindical”.
Luego de que
se diera a conocer este nuevo hecho de persecución y judicialización de la
protesta, fue el propio Rodolfo Aguiar quien expresó: “Esta es la muestra mas
clara de que este Gobierno provincial nos quiere preso para acallar la voz de
los trabajadores. Es evidente que ATE, con su crecimiento y la conducta que nos
caracteriza como organización sindical, molesta al poder político y es la
barrera principal que tienen para el intento de ajuste sobre los trabajadores en
la provincia”. La injusta acusación pesa sobre el titular de ATE, Dora
Fernández (Secretaria General de la seccional de ATE Alto Valle Norte), Danilo
Sinchini, Salvador Nicosia y Javier Hermosilla.
“Esta ilegal
persecución y judicialización se debe al sólo hecho de que los compañeros
reclamaban la incorporación de despedidos. Es absurda la acusación de extorsión
empleada por el fiscal cuando los trabajadores lo único que están haciendo es
exigir de forma legal y constitucional un derecho humano básico, el de trabajar
por un salario justo y digno”, sentenció Hugo Godoy.
Avasallando la independencia de los
poderes
“Estamos ante un escándalo en Rio Negro debido a que
el Gobernador de la provincia llamó públicamente a criminalizar la protesta
social. De esta forma el titular del Ejecutivo atenta de forma explícita y sin
tapujos contra la autonomía e independencia de otro poder del Estado, el Judicial”,
expresó Aguiar.
"Estamos
convencidos que la intención del Gobierno es meter preso a Aguiar para lograr
callarlo", manifestó Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE Río Negro y
agregó: “No recordamos que exista con anterioridad, un hecho tan grave de
presión sobre la Justicia por parte de un Gobernador, si tenemos en cuenta que
hace dos días el Ejecutivo llamó públicamente a criminalizar las protestas
sociales”.
Por su parte,
el Secretario General de ATE a nivel nacional no dudó en repudiar “este absurdo
del Gobernador de ordenarle a la Justicia la detención de dirigentes que sólo
demandan lo que les corresponde, violando la Constitución”.