Jubilados de ATE recibieron a funcionarios de PAMI

Manuel
Troncoso y Martina Ruiz Suhr visitaron el Hotel 27 de Junio de ATE en el barrio
porteño de San Telmo, donde los esperaban dirigentes del Consejo Nacional de
Jubilados y Pensionados del sindicato, junto con presidentes provinciales.
También estaban presentes el Secretario General de ATE, Hugo Godoy, los delegados
David Garutti (Hospital Milstein de CABA), Sandra Silvetti (de Rosario) y Ramón
Farías (paritario).

Los
funcionarios fueron a escuchar las demandas que los jubilados habían elaborado
para ellos. “La más importante”, según Olivia Ruiz del centro nacional, la
necesidad de normalizar el PAMI con voz y voto en su dirección de jubilados y
trabajadores activos elegidos democráticamente por sus representados. La
propuesta, anticipó Olivia Ruiz, no estaría dentro los planes inmediatos de la
gestión de Carlos Regazzoni.

Por
otro lado, los jubilados solicitaron el reconocimiento en las direcciones
ejecutivas nacional, provincial y de la ciudad autónoma de un referente
propuesto por ATE, para vehiculizar gestiones con las autoridades pertinentes.
Algo que Troncoso y Ruiz Suhr se comprometieron a evaluar.

Los
jubilados les trasladaron también problemáticas puntuales como demoras de hasta
tres meses en el otorgamiento de turnos médicos en clínicas conveniadas y la
entrega de bolsones, el recorte de medicamentos en farmacias, carencia de
ambulancias o sillas de rueda.

 

Rechazo a la ley previsional

El
proyecto de ley denominado Programa nacional de reparación histórica que
alcanza a 2.200.000 jubilados y pensionados fue rechazado de plano. Así también
el régimen de sinceramiento (blanqueo de capitales). Para ATE son inconstitucionales.
 

“El
proyecto de ley es regresivo respecto de los derechos de jubilados y
pensionados. No respeta los fallos judiciales precedentes y pretende legitimar
el `blanqueo de capitales’ con una presunta reparación histórica que no es tal”,
expresaron en un documento que le fue entregado a los funcionarios.

Entre
otros puntos, porque los jubilados que tienen sentencia firme deberán esperar
tres años para comenzar a cobrar. “Es inconcebible que quien debe velar por el
respeto del orden jurídico pretenda imponer a los jubilados con sentencia judicial
firme, o no, que vienen litigando desde hace diez años, o más, seguir
esperando, aceptar un acuerdo desfavorable, con una liquidación de ANSES que no
respeta las sentencias, aplica índices de actualización arbitrarios y realiza cálculos
antojadizos”, agregaron.

Precisaron
además, que a los jubilados sin sentencia judicial firme, se les ofrece un
retroactivo limitado bajo un índice menos favorable. Y a quienes rechacen la
oferta, ningún reajuste de haberes excepto los aumentos de movilidad dos veces
por año.

Los
jubilados de ATE añadieron que el proyecto de ley contempla una pensión a la
vejez para mayores de 65 años, sin derecho a la jubilación del sistema
contributivo. El haber sería equivalente al 80% del mínimo, que está por debajo
del salario mínimo vital y móvil. De aplicarse, la medida afectaría al 75% de
los beneficiarios.  

Por
último, calificaron de “negocio financiero” a la propuesta de financiamiento
mediante la compraventa de acciones y títulos de empresas en manos del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de ANSES y el blanqueo de capitales. “Esos fondos se
licuarían a corto plazo”, advirtieron.