Trabajadores del Instituto de Cultura, en estado de alerta y asamblea permanente

Nos vemos en
la necesidad de visibilizar que desde principio de año, las autoridades
institucionales y funcionarios medios, encargados de programas en el organismo,
vienen incurriendo en decisiones arbitrarias y hostiles respecto a los
trabajadores/as con mayores niveles de precariedad como los contratados
temporales quienes revisten de hecho prestaciones de servicio con relación de
dependencia, cumpliendo horarios y con responsabilidades sobre políticas
culturales. Una vez más nos hemos visto en la situación de responder con
organización a la amenaza de perdida de fuentes de trabajo de compañeros y
compañeras, entre ellas mujeres embarazadas, en algunos casos con antigüedad de
casi dos años, sin mediar argumentación más que recortes presupuestarios o
acusaciones infundadas sobre el desempeño laboral. 

Otra de las
iniciativas que revisten tales decisiones, como ya se vio en otras
jurisdicciones, se relaciona con la desfuncionalizacion e intento de cerrar
programas de abordaje territorial, como en este caso la dirección de Promoción
sociocultural, cuyo origen y fundamentos están respaldados por la Ley
provincial de Cultura (N° 6355) y el decreto 2402/15. Nuevamente asistimos al
achicamiento del Estado en sus funciones más sensibles como la asistencia y
políticas de carácter territorial dirigidas a los sectores más vulnerables como
las barriadas de las zonas metropolitanas y el interior de la provincia.
Ejemplo de ello es la sospechosa situación del bloqueo de la página web del
registro de Hacedores Culturales de la Provincia, una de las principales tareas
de este equipo de compañeros/as. Suma a esta situación de preocupación la falta
de garantías mínimas de estabilidad laboral para los trabajadores en situación
de precariedad, algunos con más de diez años de trabajo en estas condiciones. 

A su vez, en
este marco de acciones y estado de alerta, nos encontramos en vísperas al
llamado a concurso a planta permanente para la regularización de 62
trabajadores/as con antigüedad de hasta 16 años en el organismo, cuyas
irregularidades en el formulario de inscripción genera gran incertidumbre y
preocupación entre los/as compañeros. 

Exigimos a
las autoridades reviertan este tipo de decisiones, que solo conducen a la
perdida de fuentes de trabajo, achicamiento del Estado y su función social; los
trabajadores/as de las Culturas anteponemos la fuerza colectiva para defender
cada una de estas conquistas.