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Inicialmente, me gustaría detenerme en tres nombres que nos
atraviesan, nos impactan, nos enfurecen a los trabajadores rionegrinos y que
muestran cabalmente dónde estamos parados en esta provincia del norte de la
Patagonia. Atahualpa Martínez Vinaya, Daniel Solano y Lucas Muñoz, casos que
transitan el derrotero de la oscuridad, de la impunidad eterna.

El primero de ellos, un joven viedmense, hijo de una
Delegada Sindical de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), fue asesinado
con un disparo por la espalda el 15 de junio de 2008. Un pibe de barrio,
trabajador, soñador y solidario. Junto a un grupo de vecinos, había tomado un
terreno para su hermana, soltera y con un chico. Los delegados de la toma
habían denunciado amenazas de muerte.

Daniel Solano, trabajador rural, desapareció en noviembre de
2011, fue ‘chupado’ por la policía rionegrina de un boliche de Choele Choel
luego de que poco tiempo atrás comenzara a denunciar las irregularidades e
injusticias que padecían los trabajadores de la Multinacional Expofrut.

En tanto que el más reciente de estos casos tiene como
protagonista a un joven policía de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
secuestrado el 14 de julio pasado y asesinado 25 días después. Donde todas las
pistas apuntan a la misma policía provincial quien, a priori, obstaculizó la
investigación, borró y plantó pruebas.

Tres casos, tres vidas, tres ausencias que nos interpelan a
todos los militantes sociales y populares.

La misma Policía que no cuida a nuestros pibes ni a nuestros
trabajadores, que los persigue y que ni siquiera tiene reparos en matar a uno
de ‘los suyos’ es la que durante el último tiempo se enorgullece en ser el
brazo ejecutor de una Justicia adicta al poder, una Justicia flexible para los
corruptos, los narcotraficantes y los responsables de la trata y dura con los
trabajadores.

Los nombres siguen y las ausencias se multiplican. Un caso
más, una mujer menos.

En esta primavera se cumplen diez años de la desaparición,
secuestro, violación y posterior muerte de Otoño Uriarte, una chica de 16 años
de la localidad de General Fernández Oro, en el Alto Valle rionegrino. El caso
también camina hacia la impunidad, porque los seis acusados fueron sobreseídos
por la Jueza Sonia Martín del Juzgado de Instrucción Dos, atento a la supuesta
falta de pruebas suficientes para procesarlos. La familia asegura que, como
mínimo, los seis imputados tuvieron participación, al tiempo que se destacan
los errores en la investigación. El sobreseimiento fue apelado al Superior
Tribunal de Justicia de la provincia y el caso será también presentado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un clamor de Justicia de
toda la comunidad.

En este contexto general, no es de extrañar que los
trabajadores y militantes de las causas sociales y sindicales seamos
constantemente apuntados, cuestionados, perseguidos. La policía y la Justicia
–salvo casos excepcionales- se muestran prestos a perseguir al que denuncia las
injusticas y lentos y torpes para investigar esas mismas injusticias.

Paralelamente, el poder de turno no sólo cuenta con ellos y
sus servicios, también están quienes, detrás de un micrófono o una pantalla, se
encargan de escribir la historia oficial, cuestionando las expresiones de
bronca de los trabajadores empobrecidos sin tomar siquiera en cuenta qué
produce tal bronca contenida.

Es así como el encarcelamiento del Delegado Sindical de los
Municipales de Allen, Ramón Cayuqueo -chupado de su domicilio, golpeado,
secuestrado durante más de 10 horas, hostigado hasta el hartazgo y amenazado de
muerte en varias oportunidades- es justificado y fundamentado en el hecho que
-con poco más de un metro y medio de altura y un contextura corporal mediana- el
sindicalista mordió en reiteradas oportunidades a mastodontes de casi dos
metros, armados hasta los dientes y protegidos con botas, chalecos antibalas y
cascos.

En este reino del revés, la Justicia muestra su peor cara a
los trabajadores, mientras sonríe a funcionarios y poderosos.

Ejemplo de ello, días atrás, en una de las tantas causas
armadas por el Gobierno Provincial, la Policía y la Justicia me declararon en
rebeldía y pidieron mi captura junto a las compañeras dirigentes de nuestra
entidad sindical Rosa Ñanco y Dora Fernández. Es muy llamativo que, habiéndonos
presentado en el mismísimo Juzgado donde tramita la causa, para ajustarnos a
derecho, la Jueza Sonia Martín en persona nos prometiera que nos iba a meter
presos. Un accionar cuestionado, incluso por otros jueces penales de la
provincia.

Cabe hacer notar que la Jueza Sonia Martín, que demanda
nuestra detención, es la misma que dejó libres a los seis acusados de
arrebatarle la vida a Otoño Uriarte.

Desde nuestro sindicato enfrentamos un proceso creciente de
judicialización de la protesta social, no por violentos ni antidemocráticos, lo
hacemos porque no puede ser de otra manera en una provincia donde reina la
impunidad, donde desaparece y muere gente todo el tiempo por razones
desconocidas, donde nuestras niñas y niños son masacrados y arrebatados de sus
familias, donde los jueces son cómplices y la policía mata.

El Código Penal no fue creado para resolver los conflictos
sociales. A los conflictos sociales los debe resolver el poder político. En nuestra
provincia estamos cansados de la intromisión de la Justicia en los reclamos
sindicales. La intromisión de esta Justicia que ya nos encarceló una vez, nos
dictó un pedido de captura hace 15 días y nos armó, hasta ahora, más de 18
causas en las que los únicos testigos son los propios agentes de la fuerza
policial.

Pretenden infundir miedo, temor y disciplinarnos. Pero no lo
van a lograr. Mientras exista un solo derecho vulnerado, nos seguiremos
subiendo a la ruta tantas veces como sean necesarias.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio
cantaba el catalán. Esta verdad es la que nos muestra que vamos por el camino
correcto. Estamos donde tenemos que estar, del lado de los oprimidos.

En estos tiempos difíciles para nosotros, tantas muestras de
apoyo, solidaridad y acompañamiento le hace saber al poder político rionegrino
que no estamos solos. Y es eso, en definitiva, lo que realmente importa.

Nos tendríamos que preocupar si las cosas fueran distintas.
Parafraseando a nuestro querido Germán Abdala, el día que la Justicia y la
Policía nos comiencen a proteger, si algún día eso pasara, tendríamos que
empezar a preguntarnos cuándo fue que abandonamos a nuestro pueblo.