La tentativa de flexibilizar a través de convenios colectivos en el Estado

En el
proceso de cambios estructurales lanzado por el actual Gobierno Nacional, un
objetivo central es la denominada “flexibilización laboral”, eufemismo
utilizado para maquillar la eliminación lisa y llana de derechos y conquistas
de los trabajadores. El Derecho del Trabajo no es más que un mínimo de derechos
de los trabajadores,  pudiendo siempre
mejorarse esas condiciones de trabajo y salariales a través de la negociación
colectiva.

Lo que
oculta el modelo neoliberal del gobierno con este eufemismo es la intención de
poner a los trabajadores en peores condiciones a las ya existentes.

Esos cambios
peyorativos se pueden lograr por dos vías fundamentales: liberando las reglas
de contratación individual y reglamentando fuertemente las relaciones
colectivas de trabajo, al máximo de lo políticamente posible. ¿Cómo? dejando al
trabajador sólo frente a su empleador, con la desigualdad que esta relación
encierra, coartando la libertad sindical, reglamentando el derecho de huelga
(poniendo condiciones y entorpeciendo su implementación), interfiriendo en la
vida interna de los sindicatos, y lo que es más importante, obligando a
negociar colectivamente en momentos de debilidad sindical, allí donde los
convenios colectivos han logrado las mejores conquistas para sus representados.

Este último
objetivo fue explícitamente mencionado por el Presidente al finalizar el año
2016, cuando se manifestó por la necesidad de “modificar todos los convenios
colectivos ya que lo existentes debilitan los empleos actuales”, es decir, amenazando
con despidos, tal cual hoy está ocurriendo, ante la mirada esquiva del Ministro
de Trabajo, quien llama a “comprender al que tiene que despedir”.

La
presentación con bombos y platillos del convenio colectivo petrolero firmado
para poner en marcha el proyecto de Vaca Muerta, es un claro ejemplo de lo que
venimos expresando: a través de este instrumento se eliminan (con aval
sindical) derechos fundamentales de los trabajadores, en especial, el derecho a
considerar como parte de la jornada de trabajo el tiempo que tarda el
trabajador en llegar al pozo (horas taxis), se obliga a trabajar a pesar de que
los vientos sean tan fuertes que puedan poner en riesgo la salud a los
trabajadores (horas viento), se eliminan horas extras, y se impone la
obligación de trabajar horas nocturnas, etc.

Este
convenio, debe recordarse, no es más que una imitación del ya firmado en el año
2005 por la Barrik Gold con AOMA (Sindicato Minero) para explotar la mina de
oro de Veladero en la Provincia de San Juan.

El mensaje
político de la firma de ese convenio es que la flexibilización, entendida como
forma de eliminar derechos y condiciones de trabajo, se puede alcanzar a través
de acuerdo con los sindicatos, caso contrario habrá despidos a mansalva,
“obligando” así a firmar convenios a la baja de derechos y condiciones de
trabajo. Por supuesto, hay otro camino, y es el de pelear por los derechos
conquistados.

La denuncia
del convenio colectivo de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) por
parte del Estado, indica que llega el momento en que es el Estado, en su rol de
empleador, el que pretende implementar este mecanismo de coartar derechos de
los trabajadores a través de la negociación colectiva, forzada y apresurada por
el Ministerio de Trabajo, que en muchos otros casos duerme los expedientes
y  se niega a negociar.

El gobierno
toma así la iniciativa política, actuando como empleador, de implementar la
flexibilización laboral a través de convenios colectivos, con la finalidad de
imponer su conducta en el sector privado, tal cual lo hizo el año pasado
despidiendo trabajadores en el sector público, trasmitiendo el ejemplo a los
privados, y así como desde ATE nos opusimos y luchamos contra ello, en este
momento actuaremos de la misma manera, estando al frente de la lucha en contra
de estos intentos de avasallar los derechos de los trabajadores.