SENASA, otro lugarcito para negocios privados

El gobierno nacional
dispuso que el Estado deje de controlar los subproductos agrícolas destinados
al mercado exterior y resigne ingresos por más de 1100 millones de pesos a
favor de las agroexportadoras.

El gobierno nacional
decidió retirar el control de calidad para la exportación de subproductos de
cereales, como aceite y harinas de soja, que hacía el Senasa, por los que
cobraban aranceles importantes para las arcas del estado. Se trata de una
transferencia de más de mil cien millones de pesos anuales para las
agroexportadoras.

"Esto se traduce
en pérdida de soberanía alimentaria y sanitaria, en menor trabajo y menor
recaudación en concepto de aranceles y otorgar a empresas privadas los
controles mediante la tercerización. Son funciones indelegables del Estado
porque se trata de la salubridad de los agroalimentos que consume todo nuestro
pueblo" denunció Rodrigo Romariz, secretario gremial de la junta interna
de ATE.

"Esto es poner el
estado al servicio de las corporaciones, con todo el riesgo que significa un
estado débil, máxime cuando son cuestiones sanitarias". El dirigente
denunció además que esta medida es preparatoria para una nueva estocada:
"Retirarle definitivamente a la actividad cualquier tipo de control y
dejarlo en manos privadas".

Por su parte el
diputado provincial Carlos del Frade presentó en la Cámara una pedido de
informes donde deja sentada su "preocupación por la tercerización de los
servicios del Servicio Nacional de Sanidad Animal que no solamente afectan al
estado nacional, sino también a los trabajadores del área que cumplen tareas en
la geografía santafesina". En la misma línea agrega que la medida
"también constituye un potencial riesgo para la soberanía alimentaria de
la población y una preocupación concreta sobre animales que entran y salen de
los puertos radicados también en Santa Fe".

Romariz explicó a
Rosario/12 que "hace ya más de un mes y medio que se vienen reuniendo en
el Ministerio de Agroindustria autoridades del Senasa, miembros de la industria
aceitera, como la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) las exportadoras de
cereales, con Presidencia de Nación. Lo que hicieron fue derogar una norma del
Senasa, la Nº 260 del año 2014 mediante la cual se llevaban adelante controles
fitosanitarios de mercaderías derivadas de los granos, que son los subproductos
como aceites, harinas de soja, y lecitina entre otros. Esto es el 70 por ciento
de lo que se exporta en todo el cordón industrial, desde Timbúes hasta Villa
Constitución".

"Al derogarse esta
norma se deja sin controles a la exportación de estos productos, se deja sin
control a los contenedores que venían a cargar esos productos. Es decir, cuando
viene un buque se le controlaba la bodega para saber si estaba en condiciones,
en este caso insectos o plagas exóticas para nuestro país, que pueden ser
perjudiciales".

Para el dirigente
gremial, "a los privados no le gustan que los controlen y pagar aranceles
que era importantes. Lo que pagaban los exportadores eran entre 300 y 400 mil
pesos por cada barco, lo que sumaban más de 1.100 millones de pesos
anuales".

"Esto se traduce
en pérdida de soberanía alimentaria y sanitaria, en menor trabajo y menor
recaudación".

Para Romariz esto es
grave porque "el Senasa es el garante de la inocuidad y de la calidad de
todo lo que se exporta, y esto lo elimina. Sin embargo, cuando hay algún
problema en el exterior por algún alimento que exportamos, no va a ser
responsable la empresa privada que lo vendió sino el mismo estado nacional.
Esto ya pasó con el tema aftosa, cuando Carlos Menem a mediados de los 90 quiso
colgarse la escarapela de haber dejado al país libre de aftosa sin vacunación,
lo que era un status muy importante para nosotros. Pero lo hizo sin tener en
cuenta las condiciones de ese momento y el país sufrió un brote de aftosa
bastante importante que nos dejó sin los mercados y con un montón de gente sin
trabajo por esa mala decisión".

El SENASA es el
organismo responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes
específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de
alimentos inocuos para el consumo humano y animal.

Los trabajadores del
Servicio Nacional de Sanidad Animal de la provincia de Santa Fe, unas 450
personas, "comenzaron a percibir la presencia de controles privados de
empresas multinacionales como "SGS", "COTECNA",
"Schutter" y "Control Uncon", a los que se suman empresas
nacionales como "Operagro", según reveló el diputado Del Frade en su
presentación.

"Esta
tercerización de funciones del estado nacional repercute en el medio ambiente,
salud y alimentación de la provincia de Santa Fe, como también en el debilitamiento
de los organismos de control sobre las grandes exportadoras radicadas en el
territorio santafesino.

Para Del Frade
"esta medida tiende a la desaparición de la barrera sanitaria, algo
fundamental no solamente para el comercio internacional, propiamente dicho,
sino también para la calidad de vida de toda la población, en este caso,
santafesina". Por eso sostuvo que "la derogación del decreto 260 le
significará un gran ahorro a las exportadoras, pero un pésimo negocio a los
estados, ya sean el nacional como los provinciales".