Sobre la quita de pensiones a las personas con discapacidad

Es imposible 
pretender comprender esta salvaje ofensiva sobre las personas con
discapacidad, si la desvinculamos con la Tercer Reforma del Estado que este
gobierno ha puesto en marcha con al menos 2 objetivos claros: 1) Achicar el
Estado. 2) Achicar lo que ellos llaman el déficit fiscal. Ven la realidad desde
una perspectiva economicista en donde las personas con discapacidad son legajos
o números que hay que reducir. Este gobierno ha decido concebirlos como seres
que nada tienen para aportarle a la sociedad y al no considerarlos como sujetos
de derechos, tampoco es necesario una campaña de información o de citación
previa al cese de una pensión. Optan por el horrible camino de dar de baja a
una pensión primero y conversar después, “Si pasa, Pasa” “Si nos equivocamos lo
restablecemos”… Medias que no son ingenuas. En el medio hay un penoso y largo
camino de 10 meses a un año sin cobrar, trayendo documentación, juntando otra
por nuevos requerimientos, viéndose anulado los miserísimos ingresos que
representan el 70% de una jubilación mínima y lo que es más grave, los
beneficios de salud que lo acompaña.

Se calculan de 70 a 83 mil bajas en este gobierno, de los
cuales dicen que habría unos 5 mil titulares muertos y 5600 que no cumplen con
los requisitos, en el medio la carencia y el dolor y la carencia de las 60 mil
familias restantes.  Las causas por bajas
esgrimidas son a) Por patrimonio, en general autos usados. Vehículos sin los
cuales muchas personas con discapacidad no podrían trasladarse en lugares
inaccesibles, parajes,  pueblos o incluso
en la capital de nuestro país donde no se garantiza el transporte accesible. b)
Cónyuge con algún tipo de beneficio, eliminando la condición de persona con
autonomía que puede decidir y administrar el dinero que percibe, legitimando
aun más la dependencia. C) Ingresos propios por empleo, que muchas veces no
llega a cubrir los altos gastos que las personas con discapacidad requieren en
tratamientos, medicamentos, traslados, uso de prótesis/ ortesis. D) No acredita
el 76%  por ciento de discapacidad, con
esto perjudica a muchas personas que aun no llegando a ese porcentaje no pueden
estudiar, trabajar y se ven limitados en el ejercicio pleno de sus derechos ya
que el estado no les garantiza su plena inclusión.

Solo el 30% se levanta en las revisiones y tardan hasta un
año en restablecer el haber, dejando en una situación de precariedad económica
y de salud al beneficiario. Desde el inicio de este gobierno se ha retrasado de
10 meses hasta 2 años el alta de nuevos beneficios se vuelve sobre el concepto
del CUD (certificado único de discapacidad) con juntas evaluadoras que nada
tienen e formación social.  Se incumple
además con el cupo de 4% de trabajo en el Estado, llegando solamente al 0,92.
Recordemos que en la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, se había
presentado prorroga para el cumplimiento de ese derecho. Tampoco se han
iniciado los trámites ingresados en el año 2015. 

Las medidas que están llevando a cabo están basadas en el
decreto de Necesidad y Urgencia (decreto numero 432) durante el gobierno de
Menen que presume que la pensión por discapacidad es solo para aquellos que
acrediten el %76 de invalidez y que estén en condición de extrema indigencia.
Este decreto meramente descriptivo ignora que en el año 2014 en nuestro país se
le dio carácter de Constitucionalidad a la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, con lo cual ningún decreto puede deslegitimar lo que
dicen los tratados internacionales que forman parten de nuestra constitución.
Esta norma así como el Código Civil las enmarca como sujetos de derechos y restituye
derechos de ciudadanía, por su discapacidad deben tener garantías del Estado de
manera permanente, más allá de su condición socio económica.

Estas medidas no están desvinculadas de la reforma inminente
de todo el Sistema de la Seguridad Social. También es vinculante de la reforma
que se pretende establecer en Salud con la denominada CUS (Cobertura Universal
de Salud) en donde se debe presentar “certificado de pobreza” para adquirir una
cobertura de prestaciones básicas que avanza en nuestro país. Se anunció un
Plan Nacional de discapacidad y en su lanzamiento, y como parte del plan, la
vice presidenta mencionó que familias adineradas apadrinarán a niños/as con
discapacidad pobre, lo cual los convierte en objeto de asistencia y no en
sujetos de derechos, claramente contradictorio a las obligaciones contraídas
por el Estado en materia de Derechos Humanos. Así mismo y frente a la falta de
políticas públicas en salud mental que pongan el acento a la atención
comunitaria, en la mayoría de los hospitales monovalentes los procesos de
externación de personas con padecimiento mental 
se llevan a cabo artesanal y autogestivamente gracias a los mismos
usuarios que con sus pensiones alquilan un lugar para vivir y así emparchar lo
que las políticas públicas no garantizan. Hay un incumplimiento efectivo por
parte del Gobierno del cupo del 4% para el trabajo r en el Estado para las
personas con discapacidad. Alcanzando solo el 0,92 % y ninguna estrategia de
inclusión laboral plena en empresas/ fabricas. Con lo cual se cae otra callada
del gobierno en complicidad con los medios de comunicación hegemónicos que
afirman por estos días que no se necesitan pensiones ya que las personas con
discapacidad, pueden trabajar.

La  mal llamada, ley
de reparación histórica esconde varias bombas a detonar al interior de la
misma, constituye desde su aprobación, una comisión ignota que funciona en el
ministerio de trabajo y tiene como fin estudiar de aquí al 2019 la
sustentabilidad del sistema de seguridad social, reconocieron su existencia y
blanquearon 3 nombres de sus integrantes que tendrán la tarea de ir
transformando derechos constitucionales históricos, en derechos sociales
débiles y atados a “posibilidades presupuestarias”

La enorme reacción social y las luchas de los movimientos sociales
han logrado que los defensores del pueblo de todo el país, hayan intervenido
pidiendo la revisión de lo actuado. La Diputada Troiano presentó proyecto para
derogar el restrictivo decreto 437 y planteo todas las incongruencias a la
Ministra Stanley.

Los trabajadores son los primeros en denunciar lo que viene,
porque nosotros estamos ahí, somos los primeros en animarnos a visibilizar lo
que está pasando. Por eso una vez más salimos a la calle para frenar este
ajustazo, este nuevo ataque al pueblo argentino.