ATE denuncia el vaciamiento de un “call center” que funciona en la UNLaM

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitió un
comunicado en el que denuncia la el desmantelamiento del “Call Center” que
funciona en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), así como la precarización
de sus trabajadores y trabajadoras. El vaciamiento, advierten, conlleva que
dejen de funcionar servicios esenciales  para
todo La Matanza y el  conurbano bonaerense, así como la posibilidad -“inminente”- de que se produzcan decenas de despidos.

El Centro de Atención telefónica funciona desde 2014, en el
ámbito de la Universidad Nacional de La Matanza. Primero, comenzó prestando
servicios para el SEDRONAR, para información y asistencia a personas con consumo
problemático de sustancias. Luego, con un convenio con el Ministerio de
Justicia de la Nación, se orientó a la recepción de informes sobre las
actividades del Centro Cultural Kirchner y, también, con encuestas a víctimas
de delitos (cada encuesta requería unos 30 minutos de charla mínimo) para el Ministerio
de Justicia de Nación. Otros servicios a los que se destinó fue: distribución de antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) y atención de reclamos
por cortes de electricidad de Edenor y Edesur, y al trámite a nivel nacional de
los pedidos de tarifa social (en convenio con el Ministerio de Energía).

Se trata de trabajadores y trabajadoras precarizadas, con
régimen horario extenuante, en su mayoría estudiantes de la UNLaM, que para
cobrar tienen que facturar en la Universidad como monotributistas. Se desempeñan
en condiciones de trabajo insalubres y con una pobre remuneración.

 “La gestión Cambiemos
decidió cortar con algunos servicios. Desmantelar TDA, con lo que favorece a
las operadoras de cable. Dar de baja la ayuda a personas con problemas de
adicciones y a víctimas de delitos. Dejar de informar sobre las actividades en
el CCK y, finalmente, establecer una pauta de 30 minutos de espera antes de ser
atendido por cuestiones de problemas con las empresas distribuidoras de energía
o para la solicitud de la tarifa social”, informan desde ATE y señalan que esto
tiene dos implicancias directas: primero, la eliminación de servicios del
Estado que beneficiaban a sectores carenciados y de medianos y bajos recursos;
y segundo, el desmantelamiento de las actividades del Centro de Atención
Telefónica.

“Estas medidas de vaciamiento justifican el achicamiento de
la dotación de personal y su posterior cierre. Esto es: despidos”, denuncian.