ATE repudia la ofensiva judicial de Morales contra los compañeros de Jujuy
Entre los imputados están el titular del CDP, Matías Brizuela; el Adjunto, Carlos Mercado, Adjunto y Pablo Nina.
Nuevamente
la judicialización de la protesta social, conduce al gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, quién a través de sus jueces adicto busca someter a juicio a
11 compañeros de la ATE provincial, en momentos que el gremio lleva adelante
una lucha por la reincorporación de trabajadores despedidos en la Dirección
Provincial de Planeamiento Estadística y Censos de Jujuy (Dippec).
La
cédula de notificación que recae sobre la cúpula del CDP (Matías Brizuela,
Secretario General; Carlos Mercado, Adjunto; y Pablo Nina) y otros compañeros
está caratulada como “privación ilegitima de la, libertad, amenazas, delitos
contra la libertad del trabajo y daños calificados en concurso real”.
Pero
no es lo único. El sometimiento que Morales y su justicia intenta impartir
contra los trabajadores llega ahora con la decisión de del tribunal de justicia
de reflotar una causa contra compañeros de ATE que data del año 2006.
Junto
a compañeros de la Seccional San Pedro (Jujuy), que están presentes en el CDN,
el titular de ATE Nacional, Hugo Godoy, reclamó que “se quite en forma
inmediata” la imputación que dispuso la justicia provincial contra 11
integrantes de nuestra organización que legítimamente reclaman la
reincorporación de los trabajadores despedidos.
Para
Godoy “claramente hay una acción política de persecución de Morales y sus jueces
contra todos los trabajadores que participan de esta lucha reivindicativa” y
agregó “nada es casual, reflotan e inmediatamente arman una nueva causa, lo que
deja bien expuesto que se trata acallar todas las formas de protesta social y
gremial a través de la judicialización de nuestra luchas”.
El
dirigente exigió que “se quiten todas
las imputaciones que pesan sobre los compañeros y se restituyan en sus puestos
de trabajo a todos los compañeros injustamente despedidos”.
Tanto
el titular de la Seccional- San Pedro, José Luis Castro, como el adjunto,
Marcelo Pérez, y la Secretaria de Finanzas, norma Tarifa, explicaron que esta
absurda decisión judicial está relacionada con el plan de lucha que lleva adelante desde hace más de
10 días el gremio, por la reincorporación de cinco trabajadores despedidos en
la Dirección Provincial de Planeamiento Estadística y Censos de Jujuy (Dippec).
La
Seccional subrayó que “en algunos casos los trabajadores despedidos por la
titular del organismo, Ana Juárez,
Orieta, tienen más de 20 años de antigüedad en sus cargos”.
El
CDP también rechazó de participar de reuniones con el gobierno hasta tanto no
se reincorporen a los despedidos.