ATE en la presentación del proyecto de ley contra criminalización de la protesta

 Tal lo anunciado, los secretarios General y
Adjunto de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti participaron, en el
Congreso de la Nación, de la Audiencia Pública por la presentación de un
anteproyecto de ley contra la criminalización de la protesta social.

Los referentes rionegrinos
expusieron sobre el preocupante incremento de la judicialización de la protesta
social en la provincia de Río Negro y también mantuvieron una audiencia con la
Diputada Nacional y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados, Victoria Donda Pérez.

"Este proyecto debe
convertirse en ley. Es la única manera de garantizar el derecho a la participación
popular en la vía pública y a la protesta social. Necesitamos una norma que
evite la criminalización de estos actos", señaló el Secretario General de
ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar y completó: "Hemos expuesto sobre las
causas armadas contra los trabajadores en nuestra provincia y la existencia de
una porción importante del poder judicial completamente subordinado a los
poderes ejecutivos Nacional y Provincial".

La Audiencia Pública -por la
presentación del Anteproyecto elaborado por el Observatorio de Derecho Social
de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y Liberpueblo-
tuvo lugar desde las 15 horas en la Sala 5 del edificio anexo de la Cámara de
Diputados.

Entre los fundamentos de la
iniciativa parlamentaria se señala que la criminalización de la protesta social
es una práctica que se ha arraigado en el accionar cotidiano de algunos
Magistrados, Fiscales así como de los diferentes gobiernos de la Nación,
Provincias y Municipios que han propiciado la intervención de las fuerzas de
seguridad, sometiendo a procesos judiciales a trabajadores y dirigentes por
ejercer su legítimo derecho de peticionar a las autoridades.

Ante el incremento de la
protesta social y la utilización de los procedimientos mencionados
anteriormente -que persiguen el inocultable propósito de amedrentar y
disciplinar a los actores sociales con el fin de acallar sus reclamos– en
momentos en que la situación hace crisis con la Desaparición Forzada de
Santiago Maldonado, es que hoy más que nunca resulta ineludible el tratamiento
de este Anteproyecto.

El anteproyecto de ley –tal como
sostiene en su artículo primero- tiene por finalidad garantizar el derecho a la
participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus
distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su
criminalización.

Seguidamente, la propuesta de
normativa dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las
causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en
hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos
humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural,
estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de
salud, de educación, de justicia, de género e identidad sexual a las que se les
impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de
comisión.