El decreto 1267 atenta contra los derechos de los estatales

 “El decreto 1267 es
ilegal e inconstitucional”. Con estas palabras, el secretario general de ATE,
Roberto Macho, fustigó al Gobierno, tras la presentación judicial que realizó
el gremio para interponer la inconstitucionalidad de ese decreto, que vulnera
totalmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de
Mendoza, al postular que si no presentan el libre de deuda, los contratados
cesarán en sus funciones.

En pocas palabras, los despiden y no se les renovarán los contratos.
Mientras que a los trabajadores de planta permanente y temporaria, les
recortarán sus salarios.

“Nosotros venimos a presentar una acción de
inconstitucionalidad, junto con una cautelar frente a esto, porque es ilegal e
inconstitucional lo que hace el gobernador Alfredo Cornejo. Los adicionales que
tienen los trabajadores estatales están dados por ley, no por decreto. Por
ende, está vulnerando la legislación provincial y también la nacional: la ley
de paritarias nº 24185 y el decreto 955 (aplicación de paritarias)”, indicó el
referente gremial.

Recordemos que nuestro sindicato parita en la provincia y si
hay alguna modificación laboral de los trabajadores, se tiene que hacer dentro
del ámbito paritario y no de manera unilateral como lo hace el Gobierno, a
través de decretos.

“Esto afecta a todos los sectores, ya que contratados y
prestadores trabajan en negro dentro del Estado, porque el mismo Gobierno
quiere tenerlos así. Esa es la primera falencia y el primer incumplimiento de
la legislación laboral. Entonces, el primer evasor es el Estado”, puntualizó el
secretario general de ATE.

“Este accionar llama la atención pero no sorprende, cuando
comprendemos las verdaderas intenciones que hay detrás de estas políticas de
ajuste: cortar por lo más débil. Mientras por un lado el Gobierno arremete
contra las fuentes de trabajo de los estatales, por el otro, perdona deudas
millonarias de los grupos económicos privados”, analizó.

Tal es así, que por ejemplo, “el hecho de querer tercerizar
el cobro de impuestos es una muestra más de la privatización que se está viendo
en el Estado y de la tercerización del mismo en manos de los negociados con los
amigos del poder y los empresarios de turno”, concluyó Roberto Macho.