Dirigentes de ATE Río Turbio se presentaron a la citación judicial

El titular de la Seccional ATE-Río Turbio, Miguel
Páez, se hizo presente en la ciudad de Río Gallegos, para prestar declaración
judicial sobre la situación que se está dando en el Yacimiento Carbonífero de
Río Turbio (YCRT), donde  vienen
exigiendo al gobierno nacional que se cumpla con las inversiones. Los
trabajadores acusan que hay política de vaciamiento.  

Fuera del ámbito judicial Páez realizó una reseña
sobre la situación que atraviesa el YCRT, donde entre otras cosas señaló que “ante la judicialización del reclamo que estamos llevando
adelante en Río Turbio hemos denunciado que la intervención viene apelando a
ciertos artilugios para despedir sin justa causa a los trabajadores”.

Páez explicó
que “este gobierno con sus políticas neoliberales y su metodología viene
aplicando medidas en contra de los trabajadores del estado, han despedido a
miles de trabajadores a nivel nacional y han atacado Convenios Colectivos de
Trabajo”, para agregar que en el caso del yacimiento  “siguen con la vieja receta de los retiros
voluntarios, jubilaciones anticipadas, despidos indiscriminados, persecución
ideológica, desinversión en los distintos sectores de trabajo y
 paralización de las obras”.

Páez subrayó
que el caso testigo es la Mega-Usina, a la que le falta un 30% para finalizarla
y ponerla a producir energía. “Y hoy no sabemos si se va a terminar de
concretar. La Mega-Usina es producto de históricas  luchas,  no solo
de los Mineros de Río Turbio sino también del conjunto de los pueblos que
conforman la cuenca carbonífera. Esa obra no solo contribuirá a ampliar la
capacidad energética de la provincia, sino que le dará también  valor
agregado al carbón de Río Turbio”.

Igual situación
crítica es la que atraviesa el Ramal Ferro-Portuario de Punta Loyola por el
ajuste que viene aplicando la intervención. “Hoy nuestro yacimiento está
paralizado. Vemos que la situación y continuidad a futuro se va agravando
más ante los despidos con ésta modalidad  de contratos
a Referéndum”.

Respecto
de la citación judicial Páez informó que “el fiscal que entiende en la causa
sostuvo que el reclamo es legítimo y que las diferentes posturas debían ser
debatidas y consensuadas en El Ministerio de Trabajo, o en los ámbitos que
correspondan, no por la vía legal. Pero aun así, se radicó una denuncia
sosteniendo que se está poniendo en riesgo el patrimonio del estado y la
integridad física de los compañeros lo cual es una falacia”. Dijo Páez que “si
existe riesgo para la vida, la integridad física  de los trabajadores es
por falta de recursos de inversión y falencias en el tratamiento de las normas
de seguridad e higiene laboral. Queremos un presupuesto que contemple las
inversiones necesarias para seguir produciendo y se dé real cumplimiento a los
derechos y beneficios de los trabajadores. Por ello es que hoy queremos que la
intervención deje sin efecto las  resoluciones (despidos) dándole garantía
de continuidad y estabilidad  laboral para todos los trabajadores”.