ATE denuncia intento de privatización del PAMI
El Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE denuncia la privatización del PAMI y exige el cese de la intervención y su normalización.
En una nota que lleva la firma de Hugo Cachorro Godoy,
secretario general de ATE, y las autoridades del Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados se denuncia la Resolución 956/2017 del Interventor del Instituto
Nacional de Servicios Sociales mediante la cual se crea la Fundación PAMI y se
avanza en la reforma estructural del Instituto.
A continuación se reproduce el contenido de la misma:
Es evidente que a partir de la Resolución 956/2007 del
Interventor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, que crea la Fundación PAMI, se avanza en una reforma estructural
del Instituto que se realiza en abierta violación de la ley vigente, de la
propia Constitución, que afecta no solo su modelo prestacional, su organización
laboral, su encuadramiento sindical sino primordialmente la calidad de las
prestaciones de salud.
El propio Estado a través del Interventor del PAMI desconoce
la naturaleza de persona pública no estatal del Instituto, dispone y pone en
riesgo su patrimonio, la organización administrativa y laboral, como si fuera
propio, tomando decisiones que exceden sus facultades, en desmedro de sus
legítimos administradores (jubilados y trabajadores) y que por tanto son nulas
de nulidad absoluta.
Ahora en la Provincia de Entre Ríos, ciudad de Gualeguaychú
se celebra una acuerdo prestacional para atender a los jubilados a través de
una prestadora de salud privada (Nativus SRL), fundada por el actual
interventor del PAMI.
Venimos a denunciar que, con estas medidas, se avanza en una
privatización encubierta de los servicios del PAMI, a través de una
intervención de facto de la institución que tiene un claro conflicto de
intereses, desnaturalizando sus funciones, en detrimento del derecho humano a
la salud de sus beneficiarios, los jubilados y pensionados.
Reclamamos el inmediato cese de la Intervención del
Instituto, de las medidas inconsultas que privatizan sus servicios, pone en
riesgo su patrimonio y su inmediata normalización con la administración del
PAMI, conforme el art. 14 bis de la Constitución Nacional, a través de los
jubilados y trabajadores, elegidos en forma directa y democrática, con la
participación del Estado.