Con un decreto de Urtubey Salta se sumó al ajuste del gobierno nacional

Hace poco menos de una
semana el gobierno de la provincia de Salta, no sólo renovó su gabinete, poniendo
en cargos estratégicos a funcionarios del ex Gobernador Juan Carlos Romero,
equipo al que él mismo perteneció; sino que promulgó el Decreto el 1603/17, el
cual nos retrotrae a una época ya superada de derechos vulnerados.

ATE- Salta señaló que en
el marco de la Reforma Laboral a nivel nacional, “el gobernador de la provincia
hace efectivo un decreto, cuyo título es Modernización y asignación eficiente
de Recursos públicos”.

Explica la conducción
provincial que el artículo primero “anuncia una serie de medidas perjudiciales
para la clase trabajadora, con un claro mensaje: el congelamiento del salario
de los funcionarios hasta el 31 de diciembre del 2018, lo que se verá reflejado
en los acuerdos salariales del año próximo”.

El artículo mencionado
presenta unos veinte puntos donde convalida el ajuste. Entre los principales ATE
destaca los siguientes:

– Se exige a los Ministros
y Secretarios reducir en un 20% al personal a su cargo; si bien se aclara que
esto no involucrará la reducción de empleados públicos de planta permanente, no
especifica la situación de los contratados. Al mismo tiempo requiere un listado
de los empleados estatales en condición de acceder al beneficio de la
jubilación, solicitando que se intime a dichos empleados a comenzar el trámite
correspondiente. Por otra parte, implementa el retiro voluntario para el
personal de planta permanente.  También
se prohíbe la autorización de nuevas designaciones, interinatos, subroganticas,
modificaciones en las estructuras, cargos y o funciones jerárquicas;
suspendiéndose el incremento de los viáticos para aquellos trabajadores que por
sus tareas habituales lo requieran, casos trabajadores de Rentas, Minería,
Ambiente, entre otros.  

– Se pide que se
presente antes del 10 de diciembre de 2017 un informe de roles y funciones de
todos los trabajadores, donde se distingan aquellos que no tengan un rol o
función específica.

– Se implementa también
un sistema de control de ingreso a los establecimientos de la administración
centralizada para empleados, proveedores, contratistas registrados y visitas;
con lo cual se legitima los dispositivos de espionaje, que constantemente vemos
en asambleas, paros y movilizaciones.

– Sobre el final en el
artículo 5° invita a los poderes Legislativo y Judicial, Ministerio Público y
Municipios de la Provincia a adoptar medidas similares de ajuste y
congelamiento.

 “El clima de reformas políticas, económicas y
sociales que se avecina no apareja beneficios para la clase trabajadora”,
señala en su cierre el comunicado emitido por el CDP.