Encuentro de trabajadore/as en los organismos de Trabajo de las provincias

En el encuentro de
trabajadore/as (delegado/as y/o miembros de conducciones de ATE y CTA de todo
el país), de organismos de Trabajo, de las administraciones públicas provinciales,
desarrollado este miércoles en CDN,  se
efectuó un informe de cada lugar tanto desde el punto de vista de los
derechos  de las trabajadoras/es de esos organismos, como desde el punto
de vista del cumplimiento de funciones de los organismos y de políticas
 públicas aplicadas en cada provincia.

En principio lo/as
compañero/as describieron situaciones de precariedad laboral de los inspectores, en especial los de seguridad e higiene
que son contratados por convenios con la Súper Intendencia de Riesgos del
trabajo (SRT). Estas situaciones violan lo establecido por convenio OIT 81 que
en el artículo 6 señala que “el personal de inspección deberá estar compuesto
por funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de
servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y lo independicen de los
cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida”. Por ello se
acordó realizar denuncia de esta situación al consejo federal del trabajo y a
la OIT.

En varias provincias
se inicio un  proceso de tercerización de la atención de los conflictos individuales y pluri-individuales
con sistemas similares al vigente en CABA, llamado SECLO, este proceso
claramente perjudica a los trabajadores/as del sector privado ya que hemos
comparado el resultado de los acuerdos monetarios como por ejemplo
indemnizaciones  y rara vez un acuerdo en el SECLO supera el 55%  del
valor que debiera percibir el trabajador/a en cambio cuando intervine el
servicio público esta cifra asciende a más del 70% y si el trabajador viene
acompañado de su gremio en términos generales ronda el 80%, por dicho motivo es
que repudiamos la tercerización del sistema de conciliación.

En el caso de Buenos
Aires se estableció la privatización
del asesoramiento jurídico a trabajadores/as en el poco tiempo de
vigencia del sistema se observa en primera instancia una clara falencia en la
inmediatez de la atención recordemos que las intimaciones suelen tener un
tiempo de 48hs para su cumplimiento o su contestación, el trabajador al
concurrir a solicitar asesoramiento al ministerio de trabajo es derivado a un
estudio particular, que no suele estar abierto todos los días, retrasando la
consulta).

En el encuentro se
destacó también  que “la lucha contra el trabajo infantil es solo un slogan
ya que salvo un par de excepciones el sistema de inspección no tiene previsto
una actuación de organismos específicos que tutelen o promuevan los derechos de
niñas y niños”, y en  donde “el estado
sigue actuando en forma desarticulada entre sus propios organismos”.

En nuestro país está
vigente la ley 12713 de trabajo a
domicilio. Dicha ley fue utilizada como referencia para la elaboración
del convenio 177 de OIT, esta ley tiene instrumentos que permiten desentrañar
la maraña de talleres clandestino, porque si se aplica correctamente se puede
regularizar el trabajo a partir de obligar a los dadores de trabajo a inscribir
los talleres contratados, es importante recordar que  los dueños de las
mercancías  por lo general son grandes marcas comerciales.

Es conocido a nivel
mundial que el grupo Nike es solo una distribuidora de productos deportivos sin
ningún tipo de estructura productiva propia. Sin embargo (con la excepción de
CABA) no existen inspectores ni departamentos que se ocupen de aplicar la ley
12713 y el convenio 177 de OIT. Entendemos que debemos denunciar estas
situaciones a los organismos competentes, como así también denunciar que es una
clara maniobra para proteger a determinadas firmas comerciales y perpetuar el
trabajo clandestino y esclavo.

Antes del cierre, el compañero
Orestes ´beto´ Galeano, indicó que “se acordó instrumentar canales de
comunicación que nos permita que circule la información no solo sobre nuestras
luchas por nuestros derechos sino también denunciando los incumplimientos de
los gobiernos sobre la obligación de proteger el trabajo”.