PIAP: Para ATE el programa de retiros voluntarios son despidos encubiertos

Mediante
un comunicado emitido la semana pasada, la Empresa Neuquina de Servicios
Industriales (ENSI), que tiene bajo su administración a la Planta Industrial de
Agua pesada (PIAP), puso a disposición de los trabajadores  "un programa de retiro por Mutuo
Acuerdo", que tendrá validez por el término de 15 días.

Esta oferta, que tiene el aval
del gobierno nacional, tiene alcance para todo el personal que a la fecha de
adhesión no cuente con trámite de jubilación resuelto favorablemente y propone
el pago de un monto llamado gratificación (que se calcula en base a la última
remuneración neta mensual normal y habitual y los años de antigüedad en la
empresa), en un único pago.

Además se ofrece la mantención
de la Obra Social para el trabajador y su grupo familiar vigente a la fecha de
adhesión, durante el plazo de 12 meses cuando el trabajador tenga 60 años o más
y durante el plazo de 6 meses para los menores de 60 años, al cabo del cual se
hará efectiva la baja en la Obra Social.

Para
el delegado de la Junta Interna ATE- PIAP, Pablo Sosa, “aunque estadísticamente
a los trabajadores no se los consideran despedidos, la realidad indica que son
despidos encubiertos”.  

Sosa
también  ha cuestionado el monto de la
oferta de gobierno ya que la misma se hace en base al último salario que no
tiene actualización desde el 2017, que es cuando se dispuso la salida operativa
de la PIAP.

Actualmente
la planta de trabajadores de la PIAP ronda los 300 trabajadores, con lo que se
completarse los 150 retiros ofrecidos, operativamente quedarían solo 150 de los
casi 410 trabajadores que llegó a tener hace pocos años, suponiéndose que los
mismos quedarán a cargo del mantenimiento de la planta.

Mientras desde
la Junta Interna reclaman un acuerdo de partes para que existan opciones que
permitan resolver la continuidad de las fuentes de trabajo, hasta ahora las
posibilidades manifestadas públicamente por autoridades de la empresa son la transformación de la PIAP en una planta de fertilizante o
el traslado del personal a la misma ENSI, como evalúa el gobierno neuquino, o
el más drástico que es el cierre definitivo, tal como lo impulsa el gobierno
nacional.