26.09.2019

Parques Nacionales: ATE denunció negociados en Iguazú

La Coordinación Nacional del sector aseguró que la corrupción campea en el organismo. Apuntan contra la concesionaria.

Los trabajadores denuncian que la concesionaria
‘Área Cataratas’ emprende diversas obras de infraestructura sin respetar el
Plan de Gestión 2017-2023 y el Plan de Uso Público del Parque Nacional Iguazú
(PNI), ignorando consultar las opiniones de las instancias técnicas que
corresponden, como la Dirección Regional NEA y la Dirección Nacional de
Conservación.

«Repudiamos los negociados privados que está
llevando a cabo el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN)
para el área protegida. Estamos dejando en claro que este tipo de
emprendimiento que se llevan adelante dentro del PNI están en grave falta con
la reglamentación vigente en lo referido al impacto ambiental», explicó
Leonardo Barrios Caro, delegado de ATE en la Regional Centro, y técnico del
organismo.

Los trabajadores impugnan obras de la concesionaria
como la ampliación de la vía férrea a Garganta del Diablo, la ampliación del
balcón de garganta del diablo y la nueva estación de trenes, entre otras
iniciativas, porque los estudios de impacto ambiental son de menor jerarquía a
la requerida acorde a la intervención planificada.

Además, las obras no se avienen a lo establecido
en el Plan de Gestión, que establece la necesidad de elaborar un plan de uso
público y establecer capacidad de carga (no ampliar la capacidad receptiva).
Sin embargo, en el proyecto se menciona como premisa fundamental para la
ejecución de las obras, la posibilidad de recibir un mayor número de
visitantes. Previo a analizar obras se debe establecer un límite al número de
visitantes. Sin este límite, ninguna infraestructura será suficiente.

Al mismo tiempo, el proyecto presenta una
priorización que no sigue criterios operativos convenientes en relación con el
mantenimiento de la calidad de la visitación, sino atiende a aspectos
económicos de la empresa. De hecho, el tratamiento de efluentes ya está
colapsado y la emisión de las aguas servidas al río Iguazú constituye delito
ambiental, que ni la empresa ni la APN han atendido adecuadamente.

Entre otros puntos, las obras se financiarán con
el aumento del cobro de acceso, es decir que los visitantes pagarán las obras
de los visitantes del futuro, para que cuando estén terminadas la empresa cobre
por una inversión que no realizó. Picardía habitual en la gestión actual.

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