Propuestas para la Emergencia nacional en Salud y Seguridad Laboral

Desde
el Instituto de Salud, Seguridad y Trabajo de ATE (ISSTATE) elaboró un  nuevo documento con sus propuestas para un
programa nacional de emergencia en Salud y Seguridad Laboral.

Una foto de mediados del año 2019 nos refiere que, según datos del INDEC,
existen unos 20.696.000 puestos de trabajo de los cuales se encuentran
registrados 10.696.609, entre trabajadores/as públicos y privados. Según datos
de la SRT, en julio del presente año el sistema formal de ARTs cubrió a
9.782.403 empleados/as, mostrando una diferencia de 913.597. Esa es la cantidad
de trabajadores/as públicas de provincias, municipios y comunas sin cobertura
del sistema.

Como vemos, el sistema formal solo cubre el 46,8% del total de
trabajadores/as de nuestro país. Es de sentido común inferir que las
condiciones de trabajo son peores entre los trabajadores/as sin registrar, los
cuentapropistas y los estatales sin cobertura.

Por lo tanto, la cifra de 677 trabajadores/as fallecidos (por accidentes de
trabajo, in itinere y enfermedades profesionales en 2018), son solo la punta
del iceberg de la cantidad de víctimas reales. Si además tomamos en cuenta que
la OIT viene denunciando una PANDEMIA MUNDIAL debida a muertes por enfermedad,
donde las malas condiciones de trabajo y un medio ambiente laboral no
saludable, representan el 86% del total de 2.780.000 muertes en el mundo, y que
en promedio representan una pérdida económica del  4% del PBI mundial, en
nuestro caso entendemos que si bien no somos los más carentes de prevención
estamos muy por encima de ese promedio.

En nuestro país sólo aproximadamente el 3% del total de denuncias son por
enfermedades de origen laboral. El sentido común nos dice que si proyectamos
las cifras, tomando en cuenta como referencia el sistema formal, pero
calculando en base al número real de trabajadores/as y las denuncias de OIT, la
cifra de la muertos/as  vinculada a causas del mundo laboral se eleva a
miles.

Nuestro sistema legal trata a los empleados/as como cosas a cuidar, como
objeto y no como sujeto de derecho, ya que si bien es responsabilidad del
empleador tomar las medidas necesarias para salvaguardar nuestra salud
psicofísica, los instrumentos de participación y decisión no existen, en otros
casos no funcionan y/o tienen un diseño que los hace solo de consulta y no de
codecisión.

El Estado en sus distintos niveles de administración se caracteriza por el
incumplimiento de normas legales de salud y seguridad, y como el Estado no se
sanciona a sí mismo es necesario llenar este vacío legal.

De acuerdo a este breve diagnóstico, entendemos se deben tomar una serie de
medidas para instrumentar un sistema de prevención de riesgos que disminuya la
cantidad de muertes y accidentes de trabajo, y que detecte realmente las
enfermedades y sus causas, en particular las vinculadas al trabajo y al
ambiente que nos rodea.  

Programa de prevención

– Los sindicatos designarán representantes de prevención en cada lugar de
trabajo, quienes tendrán a su cargo la detección de riesgos, la gestión ante el
empleador para su eliminación y o mitigación (si no se pudiere eliminar). Serán
capacitados/as (además de la capacitación que efectúe el sindicato) por la SRT,
la que deberá crear una estructura para dicha tarea. Los recursos se obtendrán
de eximir a las ART de esa obligación y por lo tanto de los recursos con los
que ellas contaban para dicha tarea.

– En los lugares con más de 100 trabajadores/as se crearán obligatoriamente
comités mixtos de salud y seguridad, sus decisiones no podrán contradecir la
normativa legal, pero tendrán el carácter de acuerdo paritario y por lo tanto
de cumplimiento obligatorio.

– En cada área específica como salud, construcción, minería, investigación,
educación, marítima, solo por citar algunos ejemplos, la SRT junto al
Ministerio de Trabajo, conformará comisiones con los sindicatos y los
empleadores para dictar políticas orientativas y normas legales sobre salud y
seguridad.

– Las provincias y sus regiones conformarán, con empleadores y centrales
sindicales, órganos participativos de salud y seguridad, que generarán acciones
concretas para prevenir enfermedades laborales y de origen ambiental, como así
también prevenir accidentes de trabajo.

– La falta de detección de enfermedades de origen laboral y ambiental es un
grave escollo para hacer prevención, siendo necesario un programa de salud
pública que efectúe un monitoreo epidemiológico de salud, centrado en conocer
las causas de dichas enfermedades. Recordemos que una vecina, Laura Bastias,
fue la que encontró los transformadores con PCBs  causantes de cáncer
en  habitantes cercanos  a su ubicación, también el caso de Malvinas
Argentinas (Córdoba), dónde la población logro frenar la instalación de
Monsanto y su glifosato, en su territorio.

– Los autoseguros que se autoricen deberán tener en su consejo de
administración,  representantes de los trabajadores/as cubiertos, quienes
serán elegidos/as por voto directo de los cubiertos por el sistema.

– Es imprescindible definir formalmente los riesgos psicosociales,
establecer un programa de detección, eliminación y asistencia/tratamiento para
quienes se vieran afectados/as por los mismos.

– Para las enfermedades profesionales, el listado deberá ser orientativo y
no taxativo.

– Ratificación del  Convenio sobre
la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo  número 190 de OIT.

– Creación de un organismo estatal científico/técnico destinado a la
investigación sobre Salud y Seguridad de las trabajadoras y los trabajadores,
con participación de la representación sindical. Entre sus funciones estará la
asesoría a los espacios de participación.
– En cada espacio de participación, las representaciones sindicales tendrán
acceso a la información que garantice el ejercicio de sus funciones,
(contratos, relevamiento de riesgos, morbilidad, etc.)

– Se deben definir en la estructura orgánica del Estado (como empleador),
las responsabilidades respecto del cumplimiento de las normas legales (en la
ley de ministerios y otros instrumentos legales que definan misiones y
funciones). Cuando se detecten incumplimientos por parte de los organismos de
control, estos originarán los sumarios y las sanciones respectivas de los
funcionarios/as con responsabilidad en la toma de decisiones.

– En los distintos niveles educativos se incluirán temas vinculados al
mundo del trabajo, desde su historia evolutiva, incluyendo las luchas obreras
por conquistar derechos, derechos y obligaciones vigentes, y cultura de la
prevención tanto laboral como ambiental, etc.

– Los organismos de control deberán asegurar el acceso real a sus
servicios, tanto desde el punto de vista territorial como en horarios de atención,
no pudiendo tercerizarse dichos servicios ni instrumentar atenciones
despersonalizadas.

– El Consejo Federal del Trabajo deberá crear un ámbito que verifique la
aplicación, instrumentación y control de los convenios ratificados de OIT,
dicho instrumento deberá contar con la participación efectiva de centrales
sindicales y los sindicatos sectoriales cuando corresponda.

– Derogar el Decreto 669/19, que disminuye las actualizaciones de las
indemnizaciones por incapacidad y muerte a causa del trabajo, llevadas a la vía
judicial.

– Derogar la restricción al reclamo por las vías administrativa y judicial,
establecido por la Ley 26773, en caso de incapacidad o muerte a causa del
trabajo.

– En términos de los efectos que genera en la salud y tratándose de un
riesgo ampliamente extendido (no solo en el ámbito laboral), se deberá
desarrollar un programa nacional de detección y erradicación del amianto.

Acciones a largo plazo

 – Establecer la responsabilidad penal de los empleadores en una ley
específica.

– Creación de un instituto público no estatal que garantice las
prestaciones médicas y dinerarias.
– Elección directa de los delegados de prevención.