Protocolo ILE: ATE y CTA-A le entregaron una nota a Ginés González García
En el comunicado exigen que se monitoree su aplicación en Misiones, además de otros seclamos sobre salud sexual y reproductiva.
El Colectivo de Mujeres y Disidencias, del
que forman parte la CTA Autónoma y ATE, presentó una nota al ministro de Salud
de la Nación Ginés González García, con una serie de reclamos en torno la salud
sexual y reproductiva, con especial énfasis en la necesidad de que se monitoree
el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todos los
hospitales y centros de salud públicos y privados.
Según Mónica Gurina, dirigente de la CTA-A
provincial, con el espacio conformado por organizaciones sociales, sindicales,
políticas y feministas, están “exigiendo formación y sensibilización” de
profesionales para que se garantice el acceso al aborto legal para las víctimas
de violación, en particular, las niñas. “Queremos que los trabajadores estén
formados, que se ponga en marcha la ESI (Educación Sexual Integral), y una de
las cosas centrales que se denuncia, es la gran cantidad de casos (de niñas
violadas obligadas a gestar) que hay en Misiones”, señaló.
El pedido concreto a la cartera nacional es que monitoree la implementación del Protocolo
ILE, proporcionando los insumos, personal y/o acciones necesarios para poder
llevarlo a cabo, además de garantizar la formación del personal interviniente
en cuanto a la ejecución de todas las leyes vigentes en materia de salud y
derechos sexuales y reproductivos, violencias contra las mujeres y protección
de la niñez. Y es muy necesario un trabajo articulado con los demás
ministerios, como el de Educación.
“Según datos oficiales del Ministerio de
Salud Pública de Misiones, correspondientes a los embarazos registrados en la
provincia, durante el año 2017, 201 niñas de entre 10 y 14 años fueron
obligadas a parir y en el año 2018, la cifra se mantuvo, con 198 casos. Del
mismo modo, las tasas de embarazo adolescente en la provincia de Misiones
superan ampliamente la media nacional pese a que el protocolo se encuentra
vigente desde el año 2010. Junto con Formosa y Chaco son las 3 provincias con
mayor índice de embarazo y maternidad en la adolescencia. Cada día 7 niñas
menores de 15 años entran a una sala de partos. Son niñas, no madres”, remarca
la nota.
Dentro del sistema sanitario de la provincia, a pesar de haber adherido al protocolo, hay fuertes resistencias para su efectiva
implementación, dilatando y/o obstaculizando el acceso a este derecho de las
niñas, forzándolas así a seguir las gestaciones y a parir.
“Para la ley Argentina, la ILE es un
derecho garantizado para las niñas y adolescentes menores de 15 años,
encuadrándose tanto en la causal violación como en la causal salud, dado el
alto riesgo que implica continuar las gestaciones a edades tempranas. Sin
embargo, las cifras demuestran que en nuestra provincia la ILE es de difícil o
casi imposible acceso”, se remarca en el texto que pudo ser entregado hoy al
ministro minutos después de su arribo a la provincia.
Desde este colectivo de organizaciones se
remarca la necesidad de impulsar e instrumentar “medidas de corto plazo con el
fin de brindar información y sensibilización a la población, y en particular
hacia funcionarios/as, agentes y demás personal, responsables de intervenir en
los casos que requieran ILE, en el sentido de garantizar este derecho humano
fundamental. También es urgente el acceso fácil y gratuito a distintos métodos
anticonceptivos, que en la actualidad se encuentran en falta o discontinuados
en el sistema de salud provincial”.
Parto
humanizado y ESI
Al incumplimiento del protocolo de ILE se
suma además la violencia obstétrica en
los principales hospitales de área con
cifras alarmantes, según advierten
“creemos de gran importancia que se aplique y controle de manera
rigurosa el ejercicio de la ley de Parto Humanizado en los hospitales públicos
y privados, siendo el parto un momento donde muchísimas mujeres y niñes son
vulnerades innecesariamente, sufriendo inmensas pérdidas”.
El reclamo se extiende además a la
implementación en todo el sistema educativo de la Ley de Educación Sexual Integral “en los establecimientos educativos de todos
los niveles, como herramienta fundamental para prevenir diversas problemáticas
sociales, entre ellas las relacionadas con el desarrollo pleno de la
sexualidad. En cuanto a la ESI, a pesar de los esfuerzos del programa
provincial, las escuelas aún se resisten a llevar adelante la efectiva
implementación de la misma, en especial aquellas católicas y cristianas. Por
esta razón, es de suma importancia el diseño de estrategias de seguimiento y
control coordinado entre docentes/ no docentes y actores locales, provinciales
y nacionales, con el fin de registrar los casos en que se obstaculice la
implementación del programa y así aplicar medidas específicas para cada
establecimiento”.