Emergencia(s) en tiempos de COVID19: una mirada con perspectiva de género

La colectiva de trabajo de la Secretaría de Género e
Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma Nacional, junto al Departamento de
Género y Diversidad de ATE Nacional, elaboraron el documento “Emergencia(s) en
tiempos de Covid19: una mirada con perspectiva de género”.

Con el aporte de las compañeras secretarias y responsables
de Género de la CTAA todo el país, el texto aporta un enfoque de género para
analizar el contexto de  emergencia
sanitaria + emergencia social y económica, desde tres ejes centrales: la
profundización de las precariedades y la desigualdad, la exposición al riesgo
sanitario, y las violencias de género –psíquica, económica y física.

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En ese marco, da cuenta “de qué les pasa a las mujeres y
personas LGTBI+ en relación al impacto del Aislamiento Social Obligatorio
(ASO), el impacto de la crisis económica, las condiciones de los servicios de
atención, la declaración de esencialidad del trabajo de sectores altamente feminizados
y precarizados, y el trabajo de cuidado como dimensiones fundamentales en tanto
vectores reproductores de pobreza, desigualdad y violencia”.

Asimismo, analiza los límites de la política pública para
dar respuestas eficaces contra la violencia de género y su recrudecimiento en
tiempos de pandemia.

El informe aborda de forma profunda y con perspectiva de
género el impacto de la emergencia en el mundo del trabajo. En este caso,
compartimos algunos análisis y propuestas referidos a la situación particular
de las y les trabajadores del Estado.

Escenciales y
precarizadas

Les y las trabajadoras del Estado están hoy en la primera
línea de atención del COVID19, muchas de ellas en condiciones precarias, con
salarios por debajo de la canasta y con condiciones laborales de riesgo, falta
de reconocimiento y maltrato. Las mujeres están sobre-representadas en estos
sectores precarios.

El sector salud, declarado esencial por el Poder Ejecutivo
Nacional, es un sector “feminizado” (conformado en un 70% por mujeres), “donde
el proceso de trabajo de cuidados en salud ocasiona un desgaste laboral
crónico, dinámico y progresivo de pérdida de capacidades y habilidades”.

A esto se añade “la degradación y desfinanciamiento dejada
por la gestión macrista, que dejó un sistema público de salud con falta de
personal, de insumos de protección personal, salarios hasta por debajo de la
línea de pobreza, una marcada precariedad laboral que afecta más a las mujeres
y se siente más fuertemente en los sectores más alejados de las grandes
ciudades”.

“Volver a jerarquizar el sistema de salud es uno de los compromisos
asumidos por el actual Gobierno y, en este contexto, se ha priorizado una
fuerte inversión de emergencia en el sector que valoramos, pero aún así la situación
de las y los trabajadores es de incertidumbre y miedo frente a las posibilidades
del propio cuidado al momento de enfrentar el pico más álgido y de poder dar
respuestas eficientes y eficaces a la población”, manifiesta el documento donde
también se advierte cómo la “esencialidad”, discrecional, es a veces utilizada
para no autorizar licencias parentales de cuidado a un miembro de la familia o
generar discriminación para las  personas
gestantes que deben tomar su licencia.

Por ello, “es fundamental garantizar la protección de las,
les y los trabajadores y sus familias”, teniendo en cuenta que muchas de estas
mujeres son jefas de hogar a cargo de personas adultas, niños y niñas.

Otro llamado de atención está puesto en la modalidad de
tele-trabajo, que se ha extendido y se recomienda en tiempos de cuarentena. “En
sectores de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a áreas no consideradas
como esenciales se han forzado situaciones laborales que profundizan las
situaciones de desigualdad que la propia pandemia ocasiona”, señala el
documento. Concretamente, en el ámbito educativo, pretender trasladar “el aula
a la casa”, en este escenario, “resulta una idea compleja que obliga a un doble
trabajo, el de cuidado y acompañamiento de la escolaridad de sus hijos e hijas
y el trabajo docente con escasas herramientas tecnológicas, en mucho casos, compartidas
por el grupo familiar”.

La salida es con
nosotras y nosotres

Luego de analizar el impacto de la crisis del COVID19 el
documento avanza en una serie de propuestas de carácter urgente. En primer
lugar, indica: “Es indispensable fortalecer la transversalidad de la
perspectiva de género en  las
acciones  de gobierno por eso es
fundamental que se integren en el COMITÉ DE CRISIS NACIONAL todas las áreas de
trabajo involucradas donde no pueden estar ausentes las organizaciones sociales
y sindicales. Necesitamos que las líneas de acción tengan perspectiva de género
para que las respuestas sean eficaces. Éstos Comité de Crisis deberían
replicarse en las provincias y los municipios con las representaciones
territoriales y sindicales locales. Hay que 
articular la tarea de los estados provinciales con los municipios y
éstos con el Estado Nacional, y la coordinación con las organizaciones”.

Estas son algunas de las propuestas, referidas a la
situación particular de les y las trabajadoras del Estado:

-Es necesario hacer extensivo el reconocimiento/bono
otorgado para Trabajadores del Estado de las áreas de salud al resto de las y
los trabajadores esenciales (auxiliares de educación, áreas de cuidado de niñas
y niños y adultos mayores, áreas de atención a víctimas de violencias,
mantenimiento, agentes de tránsito)  para
trabajadores del Estado Nacional, provinciales y municipales.

-Cuidar a quienes cuidan. Fortalecer las campañas de prevención
de riesgo sanitario con piezas comunicacionales accesibles a los diversos
sectores que no pueden realizar la cuarentena preventiva. Adaptar a sectores de
trabajo y a contextos territoriales.

-Exigir que se garantice la licencia para preventiva para
grupos de riesgo, por cuidado de las y los niños, licencias por embarazo y
maternidad y la licencia por violencia de género.

-El cuidado es una responsabilidad social, las políticas de
cuidado son responsabilidad del Estado. Garantizar los elementos que cuidado
para trabajadores de la salud y de áreas de cuidado en esta pandemia, es de
importancia central.

-El Covid 19 (y el Dengue con fuerte presencia en distintas
provincias) debe ser incluido en el listado de Enfermedades Profesionales.

Violencia de género

En 2019, se produjó 1 femicidio cada 31 horas. Desde que
inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la violencia de género
se recrudeció: pasamos a tener 1 femicidio cada 29 horas.

“Estos datos dan cuenta que era anticipable que la convivencia
con violentos en una situación de aislamiento obligatorio era un riesgo
potencial y que podía generar condiciones para un grado de violencia extrema
que se expresa en femicidios y travesticidios”, afirma el documento en relación
a una situación que tanto ATE como CTA-A advirtieron y trabajaron desde el
inicio del Aislamiento.

Ante esto, las respuestas del Estado no bastan. “La
prevención y erradicación de la violencia de género debe ser una política de
estado con presupuesto para atender esta emergencia. No hay respuesta de
política pública posible sin presupuesto. Y es imprescindible que se pueda
replicar y establecer como lineamiento político claro  la coordinación interministerial que se
propone  desde el Ministerio de las
Mujeres Géneros y Diversidad en todos los niveles del Estado”, afirma la
declaración de las áreas de Género.

Entre las medidas más inmediatas, se propone:

-El aumento de las partidas presupuestarias.

-Asegurar un ingreso permanente que actúe como red de
contención para la población más desprotegida poniendo prioridad en las mujeres
y colectivo LGTBI + víctimas de violencia de género, violencia laboral,
económica, habitacional; ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las
poblaciones en situación de emergencia por violencia de género.

-Fortalecer y dinamizar la ejecución del programa Potenciar
Trabajo (con el que se comenzaba a trabajar la inclusión laboral de la
población travesti/trans).

-Abrir líneas de acompañamiento técnico y financiero a
proyectos productivos que fortalezcan la autonomía de las mujeres; y encontrar
criterios que no se vuelvan obstáculos para acceder a los subsidios de
emergencia.

-Asegurar lugares concretos para situaciones que requieran refugiod
en todo el país, y en este sentido: protocolizar el acceso a refugios
existentes removiendo obstáculos burocráticos.

-Establecer y comunicar la articulación entre 911 y los
servicios de atención porque no se puede demandar lo que no se conoce; reforzar
la instalación de canales para denuncias de violencia institucional; reforzar
el monitoreo del cumplimiento de las medidas de protección libradas por la
justicia; reforzar la campaña en los medios y en vía pública; reforzar y
coordinar el trabajo de las promotoras comunitarias contra la violencia; armar
un registro de espacios comunitarios contra la violencia para fortalecer esas
experiencias, darles mayor grado de institucionalidad y ponerlas en red con los
efectores del Estado y otras organizaciones sociales.

-El freno a los desalojos debe incluir a pensiones y
hoteles; garantizar el acceso y satisfacer la demanda de ILE y métodos
anticonceptivos; declararse áreas esenciales las de atención a mujeres y
población travesti/trans.

Una oportunidad única

“La magnitud del problema que enfrentamos deja al descubierto
las desigualdades de clase y género, generadoras de múltiples violencias, que
se acumulan al impacto de la grave crisis sanitaria, social y económica y que
nos enfrenta a lo que es la realidad 
inocultable a la que asistimos”, expresa a modo de conclusión el texto.

Ante esto, desde los espacios de Género de ATE y CTA-A  remarcan: “entendemos que ello pone a los
gobiernos y a los sectores con distintos niveles de responsabilidad, en la
oportunidad única de generar políticas económicas, sociales, laborales,
productivas y distributivas tendientes a revertir la desigualdad y en el
contexto de emergencia desplegar un conjunto de herramientas de políticas de
Estado que puedan proteger  a los
sectores más vulnerables y mitigar el impacto de esta emergencia”.

Y destacan: “La perspectiva de género y el aporte desde las
y les trabajadores debe ser integrado para fortalecer esta estrategia”.