ATE y CLATE enviaron nota al presidente Fernández en apoyo a la denuncia por espionaje ilegal de Macri

El Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana y
del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE) enviaron ayer una nota dirigida al Presidente Alberto Fernández
“para saludar y expresar nuestro apoyo a la decisión de su gobierno de
denunciar y elevar a la justicia los elementos que probarían un presunto
espionaje masivo cometido por autoridades del anterior gobierno argentino,
durante las Cumbres de la OMC y del G20 en Buenos Aires”.

La carta lleva la firma del Presidente de la CLATE, Julio
Fuentes, y del Secretario General de la ATE de Argentina, Hugo Cachorro Godoy,
acompañada por los vicepresidentes Joao Domingos dos Santos (CSPB Brasil),
Herminio Cahue Calderón (SUTEYM México), Percy Oyola Palomá (UTRADEC Colombia)
y los secretarios generales Martín Pereira (COFE Uruguay) y Sergio Arnoud
(FESSERGS-CSPB Brasil).

Entre otros conceptos, la misiva al presidente argentino
plantea que “repudiamos las actividades de fichaje político ideológico que
habrían sido llevadas adelante por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de
la República Argentina durante la realización de dichos eventos internacionales
en 2017 y 2018 respectivamente”.

“Lamentamos que a través este accionar clandestino –continúa
la carta- el Estado argentino haya realizado no sólo relevamiento de
información pública sino también en muchos caso privada, de 403 periodistas y
59 integrantes de organizaciones de la sociedad civil, incluida la CLATE. Es
por ello que acompañaremos la investigación penal impulsada por su gobierno
para identificar a los responsables de estos hechos, que en el caso de nuestra
organización afectaron a Horacio Fernández (Secretario de Estudios, Estadística
e Investigación del Comité Ejecutivo de la CLATE y director del Instituto de
Estudios sobre Estado y Participación IDEP ATE) e Ignacio Rodríguez (Asesor en
Formación e Investigación de la Presidencia de CLATE”.

“A pesar de la alarma y el malestar que nos provocan estas
prácticas, inadmisibles en una democracia donde debe imperar el estricto
respeto al Estado de Derecho, nos reconfortan sus declaraciones públicas y su
compromiso respecto a que  nunca más se permitirá “que los recursos de inteligencia
del Estado se usen en desmedro de ningún ciudadano argentino piense como
piense”.