ATE exige derogación de Resolución Municipal 1470 y repudia violencia contra trabajadoras comunales

La ATE Corrientes manifestó su rechazo a la Resolución 1470/20 de la
Municipalidad de Corrientes, por atentar contra la estabilidad y los derechos
laborales adquiridos por los trabajadores y trabajadoras comunales.

El gremio repudió al intento de violación de la intimidad y la
dignidad de las mujeres, la violencia institucional y simbólica ejercida -a
través de los mecanismos establecidos por el denominado “Programa de Evaluación
de la Idoneidad del Personal”- contra las trabajadoras municipales.

La Resolución 1470/20 del Ejecutivo Comunal es violatoria de lo que
establece el Estatuto del Empleado Municipal, la Ordenanza N°1.525 y las
Resoluciones complementarias que ya legislan sobre la evaluación de capacidad,
idoneidad y desempeño de trabajadores y trabajadoras municipales. Agentes que,
además, gozan de derechos laborales adquiridos; que pasaron por exámenes y
controles médicos psicofísicos, por concursos de ascensos y recategorizaciones.

Lo más grave y repudiable es el intento de intimidación y menoscabo a
la dignidad de la mujer, a su privacidad, a sus derechos laborales que la
actual gestión comunal de la Ciudad de Corrientes pretende hacer a través de
una supuesta Declaración Jurada de Salud en la que exigen datos ginecológicos y
psicológicos violando la Constitución Nacional (Art. 14 bis, 19, 43, 75 Inc.
22), el derecho de autodeterminación informativa y control de la información
personal; contradice la Ley de Protección de los Datos Personales (N° 25.326)
que incluye datos relativos a la salud y principios de licitud de solicitud y
tratamiento de esos datos relativos a la salud; transgrede la Ley de Protección
Integral contra todo tipo de violencia contra la Mujer (N° 26.485).

La Resolución 1470/20 es producto de una decisión autoritaria y
discriminatoria, un intento por establecer una herramienta de intimidación
laboral, persecución y despido de trabajadores y trabajadoras con estabilidad.
Es un ejercicio de violencia institucional y simbólica contra las trabajadoras
municipales en particular, con el que pretenden profundizar la desigualdad en
el acceso a la estabilidad laboral y las mejoras salariales.

El CDP demandó la convocatoria a una Mesa de Relaciones Laborales
amplia y plural, en la que estén representadas todas las organizaciones de
agentes comunales para discutir mejores condiciones de trabajo, incorporación
de derechos y dignidad salarial con perspectiva de género.