Repudio absoluto al despido de un delegado de ATE en la Universidad Provincial de Córdoba
Desde el CDP denunciaron que se trata de una medida “arbitraria, discriminatoria y persecutoria”, y que realizaran acciones legales.
El carácter represivo de la medida atenta contra la libertad
sindical y sienta un gravísimo precedente de atropello a los derechos humanos y
laborales. Las represalias están prohibidas por el derecho Nacional e
Internacional y son repudiadas, también, por la comunidad universitaria.
A continuación, el comunicado completo:
El pasado 15 de enero se apersonaron en el domicilio de Juan
Valfré -delegado normalizador de ATE en la Universidad Provincial de Córdoba
(UPC)- el vicerrector Enrique Néstor Bambozzi junto a la Escribana Natalia
Nazzi. El objeto de la visita era dar constancia de notificación fehaciente de
la rescisión del contrato que la UPC mantenía -renovaciones mediante- desde
hacía 5 años con Valfré. Los motivos esgrimidos por la dirección de la
institución educativa, ninguno.
Desde ATE Córdoba manifestamos nuestro más profundo rechazo
y anticipamos que apelaremos la arbitraria, discriminatoria y persecutoria
decisión ante las instancias judiciales pertinentes, contraponiendo a este
atropello la denuncia por represalias dirigida a las autoridades responsables.
Además, nos urge llamar la atención acerca de que si bien existe una clara
motivación gremial y política ante el despido, la condición sine qua non de la
arbitraria decisión se encuentra en el fraude laboral y las condiciones
espurias de contratación a las que el propio Estado Provincial somete a sus
trabajadoras/es: Valfré prestó servicios permanentes durante 5 años en la UPC,
haciendo todos los días lo que hace cualquier empleado permanente de la
administración pública y hoy lo que es un despido terrible y flagrante,
pretende hacerse pasar como una simple “rescisión anticipada” de un contrato
temporal.
Vale recordar que Juan Valfré es uno de los delegados
normalizadores de ATE, electo representante del colectivo de más de 100
trabajadoras y trabajadores que a fines del año pasado decidieron organizarse
en nuestro sindicato. Él, junto al gran colectivo de docentes y codocentes que
se acercaron a ATE, son el emergente de una disputa de la comunidad
universitaria en su conjunto contra los directivos y mandamases políticos de la
UPC, quienes pretenden restringir el pleno ejercicio de los derechos políticos
universitarios tanto a docentes como a codocentes, estudiantes y egresados/as.
La persecución gremial de la que es víctima Valfré es
contrario al imperio del derecho de nuestro país y de la comunidad
internacional: tras la segunda Guerra Mundial se celebraron Tratados
Internacionales, entre ellos los centrales Convenios 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) -a los que nuestro país ha adherido con rango
Constitucional a partir del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional–
que son los fundantes de la Libertad Sindical. La importancia de estas normas
radica en que autorizan explícitamente la organización sindical sin necesidad
de autorización estatal o patronal y resguardan a las trabajadoras y
trabajadores de la persecución por motivos gremiales, políticos, ideológicos,
religiosos, por parte de las patronales. Dicha protección opera especialmente
para quienes invisten la función de representantes de su colectivo, es decir
las y los delegados que están protegidos bajo el amparo de la tutela sindical.
La función de ser voceras/os de los intereses, expectativas, anhelos,
frustraciones de sus compañeras/os de trabajo, hace de las/los delegados una
pieza fundamental en el andamiaje democrático no solo del colectivo del cual
forman parte, sino de la sociedad en su conjunto. Quienes trabajamos,
construimos a diario nuestras sociedades e intentar dividir nuestros problemas
de los del todo social que integramos tiene la intención de parcializar lo
inexorablemente unido para el armónico funcionamiento colectivo, a saber:
trabajadores y sociedad; asamblea, delegados y trabajadores. En ese sentido, la
afrenta contra Valfré se constituye en una afrenta a todos los/las trabajadores
de la UPC, contra la comunidad universitaria en general y contra la sociedad en
su conjunto.
Los Convenios 87 y 98 de la OIT se crearon hace décadas para
acabar con las represalias de las patronales contra quienes decidieran
organizarse sindicalmente para defender sus derechos: nuestro país es uno más
en el concierto de las naciones que ha suscripto dichos tratados, con alcance a
cada rincón de su territorio, a cada nivel del Estado, a cada patronal. La
afrenta particular contra personal de la UPC, de carácter discriminatoria y
antisindical, entonces, se constituye también en una afrenta de alcance
internacional, que interesa especialmente a la OIT en tanto atenta contra sus
postulados.
Valfré ha sido una de las personas que ha encabezado la
lucha contra la intención de los directivos de la UPC de marginar del ejercicio
de un conjunto de derechos políticos a docentes y codocentes -quienes,
recordamos, han contribuido activamente en la fundación y organización
institucional del espacio de educación superior- y ha contribuido enormemente a
su organización en ATE. Las autoridades, con esta represalia de origen
antisindical prohibida por tratados internacionales, ilegítima en la comunidad
y con base en la enorme precarización laboral de quienes trabajan en la UPC,
pretende eliminar todos los conflictos logrando solo una cosa: que queden más
en evidencia.
Las formas espurias de contratación de la UPC, la
restricción a los derechos políticos de sus miembros, la persecución sindical y
el despido son parte de un mismo proyecto político y de gestión sobre el que la
comunidad universitaria en su conjunto ya ha tomado nota y se dispone a
desandar. ¡Guay de quiénes se interpongan y más aún si se arrogan el mote de
representantes obreros! Recuerden que cuando la colcha es corta y pretenden
esconder la cabeza se les asoman los pies por debajo. ¡Dejen ese juego de lado
y dispónganse a construir una democracia variopinta donde primen los intereses
de las y los trabajadores y no los espurios designios de personeros del poder!
Si no lo hacen quedan en evidencia, haciendo el ridículo y perdiendo
credibilidad.
¡Reincorporación ya de Juan Valfré!
¡Por la democracia en la Universidad Provincial de Córdoba!
¡Vivan sus trabajadoras, trabajadores, estudiantes y
egresados/as!
Asociación
Trabajadores del Estado
Consejo Directivo
Provincial Córdoba