El Plenario provincial de ATE rechazó el aumento del 20% pauta salarial y se declaró en alerta

Otra vez, en lo que constituye una remanida práctica
del “Cordobesismo” en más de dos décadas de Gobierno en la provincia, se volvió
a imponer un acuerdo salarial con los gremios amigos, con porcentajes tan
magros que condenan a los trabajadores y trabajadoras de la Provincia a
sobrevivir bajo la línea de la pobreza en la mayoría de los casos.

En este marco, el plenario provincial de ATE Córdoba rechazó
por “insuficiente e irrisoria” la pauta salarial de un 20 % de aumento en tres
veces. Lo acordado no se condice con la disparada de los precios,
fundamentalmente de los alimentos, del tarifazo por goteo que se viene dando
con los aumentos de combustible, el próximo descongelamiento de las tarifas de
los servicios de electricidad, agua y gas, entre otros.

Una familia tipo necesitó en diciembre del 2020
$82.085,90 para satisfacer sus necesidades. Esto es lo que necesita un hogar de
trabajadoras/es (pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar), según el
relevamiento de la Junta Interna de ATE-INDEC. Significa que se necesitan cuatro
salarios mínimos para no ser pobres. El Salario Mínimo, Vital y Móvil está
actualmente en $20.587 y pasará a ser de $21.600 pesos a partir de marzo. Una
vergüenza.

Desde el plenario subrayaron que “estos son los datos
crudos de la economía real que padecen las y los trabajadores/as estatales de
Córdoba, una provincia devastada por el sobreendeudamiento, la pobreza, el
hambre y el desempleo. Más de la mitad de las familias cordobesas accede a los
alimentos de la Canasta Básica Alimentaria con alguna ayuda del Estado Nacional
o Provincial, según se desprende del informe que elabora el Centro de
Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas. Entre ellos, muchas y
muchos son compañeras y compañeros empleados de una de las provincias más ricas
del país con mayor cantidad de pobres e indigentes”.

Entre las definiciones tomadas, ATE exige:

– Recuperación inmediata y en un solo pago del 10% del
poder adquisitivo perdido en el último período del año 2020.

–  Ningún
trabajador debe percibir un sueldo inicial que se encuentre por debajo de los 56.400
pesos según el Índice de Canasta Familiar Córdoba, siendo el mismo su salario
de base al ingreso a la Administración Pública Provincial.

– Para no seguir perdiendo poder adquisitivo ante la
inflación, exigimos un aumento no menor al 30 por ciento retroactivo a febrero
y que esta pauta se revea en el mes de junio de este año, y en base a índices
de inflación de Córdoba.

– Que los Bonos Incentivos otorgados por el Estado
Provincial para el sector de trabajadoras/es hospitalarios, por ser éstos
Servicios Esenciales debido a la exposición y peligro inminente para sus
propias vidas y la de sus familiares, sean incorporados a la asignación básica
de cada agente tanto sea trabajador/a que se desempeñe en los nosocomios, de la
ley 7233 y/o 7625. También nos manifestamos que a las/los administrativos de la
Ley 7233, se les tiene que duplicar el insuficiente monto otorgado -de solo
2.500 pesos- ya que es una cifra tan magra, indigna y en negro que solo
demuestra el poco interés y la discriminación a la que somete a sus trabajadores
el Sr Gobernador.

– Exigimos el inmediato cese de modelos de
precarización laboral impuestos hasta la fecha en cualquiera de sus figuras,
promoviendo el uso y abuso de los mismos y que colocan a la/os trabajadores/as
en una situación de abandono, sometimiento y desigualdad en su máxima
expresión.

– Que se cubra los planteles de personal necesarios y
que hoy faltan, que se respeten las altas por las bajas efectuadas -ya que hace
años esto se incumple y afecta a la cobertura de cargos-, a fin de garantizar
las prestaciones, la atención segura, oportuna y eficaz en cada dependencia, lo
cual se traduce en mejor atención al usuario y en evitar la profundización de
la sobrecarga laboral que ya sufren las/los trabajadores/as.

– Restitución de la Caja de Jubilaciones a sus
verdaderos dueños que por muchos años y por medio de sus aportes y
contribuciones ha sido desfinanciada por los distintos gobiernos de turno, con
modificaciones sustanciales y leyes que han destruido el salario jubilatorio de
las/los trabajadores/as provinciales.

– Desde ATE 
planteamos con firmeza, que ningún salario debe perder ante la
inflación. Para nosotras/os, trabajadoras/es estatales, la salida de la crisis
económica y sanitaria es sin ajuste.

–  Además
exigimos condiciones de seguridad e higiene laboral dignas ya que si al día de
hoy no ha sucedido ninguna catástrofe de envergadura contra las y los
trabajadores y usuarios/as -como podría haber sido si el desplome del techo del
Hospital Misericordia esta semana se habría producido una hora después-, es de
pura casualidad. Lo advertimos y hacemos responsable al Gobierno de la
Provincia de Córdoba por los perjuicios que, al respecto, pudieran ocurrir
contra aquellas personas que son obligadas a poner en riesgo su vida en el
trabajo por la desidia estatal;

Por todos estos motivos, el gremio ha declarado el estado
de alerta, asamblea y movilización permanente en todas las dependencias de la
administración pública provincial y organismos descentralizados.