ATE se movilizó a los Poderes Legislativo y Judicial, donde reclamó un piso salarial para municipales

El pasado miércoles 20 de octubre, la ATE Chaco concretó un encuentro de delegadas y delegados de distintos municipios en los que tiene presencia sindical y que vienen sosteniendo planes de lucha en estos últimos años. Como parte del encuentro, las y los participantes concurrieron a la Cámara de Diputados y al Superior Tribunal de Justicia para peticionar por la creación del Consejo del Salario Municipal y por una mayor diligencia en los casos de conflictos laborales que involucren estamentos estatales.

El Proyecto N° 1516/21, presentado en la Legislatura provincial, plantea la creación de una comisión que involucre intendentes, sindicatos y al Ejecutivo provincial como instancia arbitral. “Nos convocamos para pedir que esta iniciativa se trate pronto y reciba aprobación, y fuimos recibidos por el diputado Nicolás Slimel. El objetivo es conformar un ente regularatorio, que sería una instancia previa a alcanzar un Convenio Colectivo de Trabajo general. No sería vinculante en principio, pero colaboraría para poner un piso de derecho para las y los trabajadores municipales al momento de las discusiones paritarias”, explicó el secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.

Por su parte el secretario General Adjunto de ATE Chaco y titular de la regional metropolitana de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, Neri Salazar, expresó: “Nos guía la pretensión de lograr la equidad y la igualdad salarial. Hay trabajadoras y trabajadores municipales que cobran de básico entre 10.000 y 15.000 pesos en el interior, con años de antigüedad. Tampoco pueden percibir los aumentos o los bonos que otorga el gobierno provincial. Lo que termina dando por resultado que cada intendente establezca las paritarias a su antojo”.

Con la intención de resguardar a las trabajadoras y trabajadores municipales, otra línea de acción fue movilizarse al Superior Tribunal de Justicia con el fin de peticionar por mayor celeridad en casos de despidos o de denuncias por violencia laboral.

“Solicitamos que cuando la Justicia intervenga pueda tomar cursos más agiles que repercutan a favor de las los trabajadores. En nuestra experiencia, los jefes comunales hacen uso y abuso de la instancia de judicialización, casi como un artilugio político para dilatar los tiempos en los casos en los que ejecutan despidos arbitrarios o se conducen con violencia. Y esto afecta a las y los trabajadores en sus derechos básicos, que llegan a verse privados de sus ingresos para mantener a sus familias”, manifestó Salazar.

Asimismo, Bustamante apuntó que “el intercambio de experiencias en las localidades que permitió este encuentro de delegados y delegadas municipales dejó a las claras la necesidad de organización en los territorios para seguir creciendo”.