La Justicia chaqueña ampara el trabajo precarizado en el Estado

Con preocupación y tristeza, los trabajadores y trabajadoras del Estado se han enterado sobre la Resolución del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco que suspende los trámites del proceso de regularización laboral iniciado en 2023 y que la gestión del gobernador Leandro Zdero decidió interrumpir, desconociendo la estabilidad laboral de todos y todas y la normativa vigente que garantiza un proceso gradual y transparente de regularización, acordado en el marco paritario.

Con la firma de los jueces Víctor Del Río, Emilia Valle, Alberto Modi y Néstor Varela (y el rechazo de la jueza Iride Grillo), la medida del máximo órgano de la Justicia provincial establece “la suspensión de los trámites de los concursos organizados por las Leyes NO 3946-A y NO 3947-A”, dando lugar así a una medida cautelar iniciada por el fiscal de Estado.

Desde la ATE Chaco consideraron claramente que “se trata de una acción política más que una medida que busque administrar justicia a la sociedad chaqueña. Son miles los trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas en el Estado chaqueño por medio de contrataciones precarias, muchísimos de ellos desde hace más de 10 años. Y este proceso traería estabilidad laboral para al menos una parte de ellos en primera instancia”.

Las leyes que se atacan fueron acordadas y trabajadas en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo, instancia institucional en donde participamos los sindicatos y el Estado, y que se consiguió tras más de una década de organización, lucha y negociación, y que vino a democratizar las relaciones y las condiciones laborales en el Poder Ejecutivo provincial.

“Este convenio, incluso, fue votado en la Legislatura provincial cuando Zdero ejercía la función de diputado, pero actualmente a cargo del Ejecutivo incumple abierta y deliberadamente esa legislación negándose a convocar a las organizaciones sindicales, a la vez que dicta medidas unilaterales que afectan a los trabajadores estatales y a su representación sindical”, especificaron desde el Consejo Provincial.

En ese marco, para ATE “el Poder Judicial, por medio de su máximo órgano competente, le envía un guiño al gobernador de turno, negándoles la posibilidad de que pueda reconocérseles la estabilidad laboral a miles de chaqueños y chaqueñas que desde hace mucho tiempo vienen prestando funciones en la administración pública, bajo contrataciones precarias. Atacando además leyes dictadas por el Poder Legislativo, con amplio consenso de las organizaciones sindicales y las centrales obreras”.

Este proceso de regularización laboral estipula un plazo de ejecución hasta el 2030, justamente porque los cargos a cubrirse deben estar vacantes, (por jubilación, retiro o exoneración), por lo que no representan un impacto presupuestario, como presupone la medida dictada por STJ.

Por otro lado, esta Resolución agrava la situación ya que continúa propiciando la precarización laboral, al habilitar a “que el Sr. Gobernador de la Provincia del Chaco podrá llevar adelante las contrataciones de personal con carácter provisorio”.

Por último, la medida del STJ ordena que “se deberá mantener la continuidad de los efectos del artículo 2”, donde se establece la continuidad laboral “bajo cualquier modalidad de contratación”, y “en todos los casos”, por lo que esperamos se frenen inmediatamente cualquier intento de baja de contrato y se reviertan de manera inmediata las bajas que se dieron en organismos como Colonización, Hábitat y el Instituto de Turismo, entre otros.

Ante ello el CDP instó a dicho Tribunal “a observar la situación en la que muchos trabajadores y trabajadoras se encuentran hace más de 10 años, por una situación que no les es imputable, sino que nace nada más y nada menos que de la desviación del Poder y del abuso del Estado al justificar la prestación de servicios bajo modalidades precarias de contratación”.

Asimismo, acotó el sindicato “no pueden pecar por desconocimiento de las normas sancionadas, el proceso de regularización laboral es clara: es gradual, por vacancias de cargo, por el período 2023-2030. Arbitra el mecanismo de concursos de antecedentes y oposición, donde los trabajadores y trabajadoras precarizadas se inscriben, bajo declaración jurada presentan su documentación, rinden exámenes, y luego se inicia un proceso de verificación de las documentaciones, quien cumple, puede ser regularizado, quien no cumple, no podrá continuar el proceso. Las reglas son claras para todos, más teniendo presente que este proceso ha sido consensuado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo, piedra angular del derecho laboral, conquista sindical en la historia de nuestra provincia”.