ATE en estado de alerta por los nuevos recortes en servicios sociales

Continua el achicamiento del Estado en este caso a partir del cierre del 75% del total de los servicios que prestan a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), destinados a brindar atención legal primaria de forma gratuita a las personas en temas de seguridad social, familiar, trabajo y documentación desde una perspectiva de derechos humanos.

Silvina Silva, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado en la Secretaría de Justicia, comentó: “Estamos en estado de alerta ya que 81 CAJ cerrados implicaría 400 despidos. Estamos pendientes de una reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia para que nos expliquen en qué consisten y en qué diagnóstico y análisis basan las consideraciones que además son injuriantes ya que tratan de ‘caja’ a la política pública con la que trabajamos. Y subrayó lo siguiente: “Estos funcionarios criminalizan nuestro trabajo y no entienden que lo que se hace en cada centro es resolver problemáticas interpersonales que no se resuelven en ningún otro organismo del Estado”.  Respecto a la situación que viven las y los trabajadores del área mencionó: “Desde diciembre 2023 ya se realizaron 270 despidos en la Secretaria de Justicia: 120 corresponden a los centros de acceso a la justicia, a la línea 137 (…) si se avanza con esta decisión y se efectiviza, corremos el riesgo de perder definitivamente la política pública de los CAJ y seria el avasallamiento a la igualdad en el acceso a la justicia, ya que hoy una consulta jurídica ronda entre los 40 mil y 60 mil pesos, cifra inalcanzable para un trabajador precarizado o desocupado”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado oficial a través de redes sociales expresó que por decisión del Poder Ejecutivo se cerrarán 81 servicios por “acumular empleados de distintas gestiones (…) sin demostrar resultados y duplicando funciones”. La mayoría de los servicios se prestan en la provincia de Buenos Aires.

Es importante destacar que se trata de un servicio nacional que funciona desde el 2008, con presencia en todas las provincias – el 37% del total de estos servicios funcionan en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de la nación – que ofrece un asesoramiento presencial y/o remoto a las personas para que puedan afrontar problemas legales en su vida cotidiana. El equipo interdisciplinario de profesionales permite dar a conocer cuáles son los derechos y cómo poder ejercerlos en temas sensibles como discapacidad, migraciones, relaciones familiares, responsabilidad parental, violencia de género, documentación para la identidad, entre otros.

Finalmente es relevante destacar que entre 2020 y 2023 se realizaron 600 mil consultas, dando respuesta a más de 340 mil personas en todo el país. Los acompañamientos son predominantes en los barrios con mayor densidad poblacional y que presentan problemáticas sociales, económicas, ambientales sumamente críticas que se han ido profundizado.